Es la serpiente mordiéndose la cola. Todos queremos actividades humanas con el menor impacto posible sobre una naturaleza que se destruye a pasos agigantados. Pero el propio desarrollo tecnológico que permite avizorar un futuro mejor -incluidos los autos eléctricos- basa sus fuentes energéticas en la minería, y el solo desecho de las baterías es un dolor de cabeza.
Estamos condenados a ser responsables en el manejo de los desechos. Más todavía, a no contaminar las fuentes de agua. Pero no necesariamente estamos condenados a dejar los minerales bajo tierra por no poder manejarlos responsablemente. Se trata de una riqueza indispensable para mejorar las condiciones de vida de millones de ecuatorianos.
En estos días, la Corte Constitucional inició la audiencia para dictaminar sobre una consulta minera. Su decisión será trascendental, pues sentará un gran precedente. El Gobierno no solo ha hecho notar el impacto sobre la economía (millonarias inversiones extranjeras y exportaciones) y la mano de obra, sino que ha dado sus argumentos legales.
El Ministro de Energía, apuntalado por el abogado del Estado, el Procurador, defiende que la Constitución ya señala las prohibiciones para la explotación minera en el país. Si la Corte aprueba un dictamen vinculante, puede dar un golpe definitivo a las actividades extractivas, pero sobre todo a las legales.
Y aquí está uno de los puntos más importantes a tener en cuenta. Si los minerales se quedan bajo tierra, no solo que el país perderá la posibilidad de explotarlos responsablemente sino que todo quedará listo para que la minería ilegal entre a operar a sus anchas. Total, el catastro minero ya es conocido en función de los trabajos de exploración.
Es preocupante que quien lidera la consulta para suspender las actividades en los territorios de cuatro cantones del norte del país, donde se asienta el proyecto más grande de todos, sea una persona que antes se dedicó a la minería artesanal y pidió concesiones, aunque hoy declare que lo hizo por engaños. Es partidario de que la minería quede “abierta”.
Todos sabemos que nada podría ser peor que la explotación minera termine en manos de mafias vinculadas a grupos delictivos organizados, como sucede por ejemplo en Buenos Aires, y que generan explotación laboral, destrucción ambiental e incluso trata, pero que no dejan ni un solo centavo al Fisco.
El ministro Carlos Pérez argumenta que la minería responsable ya fue aprobada en la consulta del año pasado, y pide que la Corte dé más espacio a las explicaciones técnicas que a las políticas. Tampoco conviene olvidar que la consulta minera en Quimsacocha, que se realizó junto con la elección de las autoridades seccionales, fue aprobada por la autoridad electoral y no por la Corte.
Esta tiene hoy en sus manos una decisión histórica que pesa miles de toneladas.