Se han presentado las ofertas para la construcción del Metro de Quito y, para sorpresa de muy pocos, los valores ofertados superan el que había sido estimado como referencial.
Cabía esa sospecha, porque en países cercanos al nuestro la construcción del Metro había costado un valor mayor que el que resultaba de dividir el costo total proyectado de la obra para el número de kilómetros a construirse. Se conoce que el asunto será sometido a análisis para determinar cuáles han sido las causas de este incremento. Lo más probable será que las conclusiones nos lleven a determinar que quizás hubo un exceso de entusiasmo y los cálculos iniciales terminen chocando con la realidad.
Pero durante el período que se publicitó esta obra, varias voces autorizadas advertían sobre el riesgo de una subestimación del valor real que alcanzaría la ejecución de una tarea de semejante magnitud. El asunto fue tratado como un signo de oposición a la gestión de las anteriores autoridades municipales y la descalificación venía con un marcado acento político.
No se trata de desviar el tema de su raíz inicial, tanto el Cabildo como el Gobierno que ha ofrecido aportar fondos para la construcción del Metro, tienen la obligación de considerar su viabilidad.
Quito y las demás ciudades del país se merecen tener medios de transporte masivos, eficientes, modernos, que sean una real solución a los grandes problemas de movilidad. La capital, sin duda, cambiaría su faz si cuenta con un medio de transporte como el proyectado. Pero se le tiene que hablar con transparencia y claridad a la gente. Si se quieren medios de transporte parecidos a los que se observan en las ciudades del Primer Mundo, tenemos que conocer que existen la técnica y la ingeniería suficientes para su construcción, pero que su costo es elevado y aquello redundará definitivamente en la tarifa que se cobre a los usuarios.
De cualquier forma el costo será transferido a los habitantes de la ciudad, sea por el valor que paguen al momento de usarlo o sea por los recursos que el Estado y el Municipio destinen a su construcción y operación si se llega a materializarlo, dado que en el evento que su manejo sea deficitario absorberá recursos que impedirán la ejecución de tantas obras que requiere la ciudad.
La ciudadanía requiere de soluciones para sus problemas cotidianos, pero también deben exigir que las autoridades expliciten todos los asuntos involucrados en la ejecución de obras públicas, que de una u otra manera incidirán en sus economías futuras.
Si se toma la decisión de seguir adelante con la construcción del metro, es importante que las autoridades den a conocer cuál será la tarifa aproximada que costará ese transporte. Todo esto no tiene otro propósito sino insistir en un nuevo modelo de gestión que le diga la verdad a la población.
De allí, con esos insumos, corresponderá tomar las decisiones que se considere más convenientes, pero a vista de la ciudadanía en general.