Los controles de velocidad llegan con desconfianza

A partir del 29 de julio de 2024, el Municipio de Quito implementará sanciones para los conductores que excedan los límites de velocidad. El objetivo es reducir el alto índice de siniestralidad en las vías. Sin embargo, esta medida ha generado una ola de reacciones entre los quiteños. Solo, por poner un ejemplo, se pueden leer los comentarios que dejaron los usuarios en la publicación de EL COMERCIO que muestra los límites de velocidad y las sanciones.

La mayoría expresan su desconfianza en las autoridades y critican la efectividad de los controles. La principal crítica de los ciudadanos se centra en la desconfianza hacia las autoridades encargadas de implementar y supervisar las sanciones.

Muchos quiteños asumen que los controles de velocidad se efectuarán principalmente para aumentar la recaudación de multas, en lugar de mejorar la seguridad vial. Esta percepción se ve alimentada por la creencia de que la medida incrementará la corrupción entre los agentes de control de tránsito.

Además de la desconfianza en las autoridades, los ciudadanos también cuestionan la efectividad de la medida. Muchos consideran que los controles de velocidad no se enfocarán en los verdaderos causantes de los siniestros, como los conductores de buses, quienes son frecuentemente señalados como responsables de los siniestros viales. Pocos asumen que más del 80% del parque automotor es de vehículos livianos y que el porcentaje restante es del transporte público.

Para muchos ciudadanos, esta reducción de velocidad hará que la ciudad sea más lenta y aumentará el tráfico y para un grupo de quiteños, esto afecta negativamente la movilidad urbana.

A pesar de que la medida busca beneficiar a peatones y ciclistas, quienes son los más vulnerables en las vías, la mayoría de los ciudadanos no percibe esta intención. La falta de confianza en las autoridades y la creencia de que la medida no se aplicará de manera efectiva hacen que pocos asuman que la reducción de velocidad realmente contribuirá a la seguridad de estos grupos.

Las propias autoridades son conscientes de los desafíos que enfrentan para implementar esta medida de manera efectiva. La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) ha reconocido la necesidad de limpiar su imagen de corrupción y realizar una depuración interna para garantizar que los controles se apliquen de manera justa y transparente.

Para que esta medida tenga un impacto positivo en la seguridad vial, es fundamental que las autoridades trabajen en mejorar su imagen y credibilidad, así como en garantizar que los controles se apliquen de manera justa y transparente. Solo así podrán recuperar la confianza de la ciudadanía y demostrar que la reducción de velocidad realmente contribuirá a la seguridad de todos en las vías.