Lista de espera
Tragedia en las sombras. Más de 30 fallecidos y 1 600 personas esperando desesperadas. El proceso de trasplante de órganos fue suspendido. Según las autoridades, una consecuencia colateral de la peste maldita. La atención a la pandemia ha relegado otros frentes. La noticia pasó de largo. La visibilidad en medios y redes ha sido escasa. Los temas macro copan el escenario.
El colectivo “Lista de espera” -familiares y candidatos a trasplantes- realiza esfuerzos por posicionar el tema. Ha difundido una carta abierta, una carta de la hija de un paciente, una nota de prensa, un par de entrevistas. Es mucho y es insuficiente. La espera sin horizontes desgasta, desconsuela. Su demanda no puede ser más comprensible: órganos para salvar vidas de unos, para elevar la calidad de vida de otros. Una insignia de sensibilidad y solidaridad.
La situación no es nueva. Desde 2 011 está en vigencia la Ley de Trasplantes, Tejidos y Células que establece que mayores de 18 años se convierten en donantes al fallecer, salvo decisión expresa en sentido contrario. Esto bastaría para cubrir las necesidades de transplantes -especialmente córneas, hígado, riñón- pero lastimosamente la norma tiene dificultades para cumplirse. La situación se volvió crítica desde el año anterior. Se realizaron solo 207 transplantes, menos de la mitad del 2 019. En el HCAM se aprecia la gravedad del asunto: año 2 019, 74 trasplantes renales, 2 020, 21. Año 2 019, 6 trasplantes hepáticos, 2 020, 2. Entre enero y febrero de este año se efectuaron apenas 3 trasplantes de riñón y 1 de hígado. Espera e incertidumbre.
El covid potenció los problemas. La gran emergencia enterró la cotidiana emergencia. Se desactivaron los trasplantes. La explicación oficial rodeó el conflicto: prioridad de la pandemia… como si se pudiera graduar las vidas y las muertes. Y con ella, saturación de servicios de cuidados intensivos, imposibilidad de realizar atenciones post trasplante. Las causas de fondo: debilidad del sistema de salud, dificultades de aplicación de la ley, descoordinación entre sector público y privado. Y por supuesto, falta de voluntad política, ausencia de planes integrales, presupuestos limitados.
Experiencias inspiradoras para enfrentar el problema se desarrollan en México, Argentina, Colombia, Chile. En nuestro país el punto de arranque parece indudable: conocimiento a fondo de la situación, sensibilidad, decisión política, articulación de actores. El derecho constitucional a la salud está en juego. Y una urgencia es insoslayable: vacunación inmediata a este sector vulnerable.
Cuando se trata de vidas humanas, no puede haber preferencias. Nadie tiene la potestad de decidir quienes viven y quienes mueren. Todos son prioritarios. Es obligación del estado cubrir las necesidades emergentes, garantizar los derechos. Y distribuir los recursos que sabemos existen para otras esferas.
