Ningún sistema de justicia del mundo es infalible, aunque existen naciones que pueden presumir de sistemas judiciales confiables. Por el contrario, las dictaduras y tiranías, por más que intenten simular o disfrazarse de democracias, se descubren fácilmente por el dominio, control y manipulación que ejercen sobre sus jueces y tribunales.
La solidez de un estado de derecho se mide, entre otros factores, por la independencia y confiabilidad de su sistema judicial. Sin embargo, incluso en las democracias de apariencia más sólida y de institucionalidad a prueba de fuego, los vicios de la justicia pueden convertirse en su talón de Aquiles.
Tal es el caso de los Estados Unidos de América, cuya justicia muestra las costuras especialmente en estados como New York y Florida por una influencia racista y xenófoba que tiene un peso específico en muchos de sus fallos, pero, además, por las propias imperfecciones de un sistema en el que se premia y se reconoce a los fiscales y agentes que logran condenas por la vía del favor electoral, y se sanciona por los mismos medios, incluso con la finalización de sus carreras, a quienes no han logrado un mayor número de sentencias. El resultado, en cifras, está a la vista: cerca de un 5% de los condenados en ese país son inocentes, con el agravante de que en varios estados aún se encuentra en vigencia la pena capital, y aproximadamente el 4% de esos condenados a muerte resultan ser inocentes.
Entre los casos más renombrados de personas sentenciadas a pena de muerte en los Estados Unidos probablemente están los de George Stinney, John Thompson, Juan Meléndez o Carlos de Luna, que fueron ejecutados en distintos procesos en cortes estadounidenses, y varios años después se comprobó su inocencia.
Existen varias organizaciones internacionales cuyo objetivo principal es liberar inocentes en distintos países del mundo. ‘Innocence Project’, por ejemplo, es una entidad sin fines de lucro que nació en 1972 en la facultad de derecho de la Universidad de Yeshiva, New York, precisamente como una respuesta activa para todos esos casos de condenas injustas que se encuentran en prisiones estadounidenses o que se hallan en la antesala de los corredores de la muerte. La base de su trabajo está en las pruebas de ADN, que hoy se puede hacer incluso en casos que han concluido decenas de años atrás, o en la investigación y verificación de pruebas testimoniales que en su momento fueron decisivas para condenar por error o dolo a personas que se presumen inocentes.
Hasta el año 2019 este proyecto había conseguido en Estados Unidos casi cuatrocientas exoneraciones exitosas. Curiosamente, el setenta por ciento de esos casos corresponden a minorías raciales, en especial negros o latinos.
Hoy su red de servicios se ha extendido a varios países, incluido el Ecuador, con el loable propósito de liberar inocentes y corregir, al menos en parte, errores, atropellos y abusos de los sistemas judiciales alrededor del mundo.