Con la vigencia de la Ley de Fomento Productivo, se multiplican las críticas a la remisión tributaria, uno de sus pilares. Mientras se reducen subsidios, afectando al pueblo, se sostiene, por otra se perdona la deuda tributaria de las grandes empresas. La reducción del subsidio afecta al pueblo porque todo sube, se añade.
Cabe aclarar algunos conceptos.
A la Súper le fijan un precio más alto para que cubra el costo de la nafta que se importa para elevar su octanaje. Con lo que, si sube el precio del petróleo, la Súper volverá a estar subsidiada, y si baja, Petroecuador hará una utilidad. Además, se fija el margen de comercialización, antes libre, lo que perjudica a los gasolineros. No suben costos. La Súper la compran los conductores de vehículos a inyección para preservar el buen estado de sus motores. Uso privado, no comercial. Además, en las estrecheces que vivimos hoy, subir precios al público significa caída de las ventas. El nuevo precio de la Súper no incidirá en los precios de otros productos.
La remisión puede criticarse porque debe ser un recurso extraordinario, y viene poco después de otra. Las autoridades la justifican por la urgente necesidad de recaudar más.
No se perdona deuda. El SRI determina que un contribuyente ha declarado de menos; el contribuyente o paga o impugna, en cuyo caso van a juicio, en el que uno u otro puede tener razón. La remisión consiste en que el contribuyente pague lo que el SRI determinó, pero se borran los intereses y multas y se abandonan los juicios. En ningún caso se perdona el principal reclamado por el SRI.
La remisión tendría que ver sobre todo con multimillonarios litigios con las petroleras:
-Estas trabajan con líneas de crédito de sus matrices, y el SRI eliminó el derecho a incluir el pago de esos intereses como gasto deducible de las empresas.
-Para construir el OCP, las petroleras se comprometieron a pagar una tarifa por un cupo de transporte, úsese o no; Petroecuador las obligó a bombear su crudo por el SOTE, con lo que las petroleras utilizan solo la mitad de la capacidad contratada en el OCP, pero el SRI no les permite deducir como gasto deducible el pago por el cupo no utilizado.
Los juicios por estas y otras causas superan el valor del negocio de las petroleras en el país. Es popular imponer sanciones a las petroleras haciendo caso omiso del debido proceso. Carlos Marx Carrasco ordenó a los jueces a fallar a favor del Estado contra las petroleras. Pero las consecuencias son funestas: es invitar a arbitrajes internacionales que no podemos ganar: caso Occidental.
Las autoridades buscarían un acuerdo global con las petroleras: que se acojan a la remisión, y que el SRI deponga su actitud persecutoria. El Fisco recauda, evita nuevos arbitrajes internacionales y las petroleras recuperan la paz.