Gonzalo Ruiz Álvarez

LOC: apertura y varias dudas

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Viernes 25 de mayo 2018

El Presidente cumplió su palabra y envió a la Asamblea Nacional un proyecto para reformar la Ley Orgánica de Comunicación.

Hay que saludar la apertura y el talante de Lenín Moreno con respecto de los medios, los periodistas y la libertad de expresión, que no es patrimonio ni graciosa concesión del poder al periodismo, sino un derecho humano fundamental en democracia.

Cabe apuntar, empero, que en un primer repaso de las reformas propuestas hay dudas y temas que debatir y aclarar para que la Ley no sea una mera reforma de maquillaje sin que entrañe cambios de fondo hacia el ejercicio de los derechos y libertades.

El primer tema grande es la filosofía y el espíritu de la ley vigente. El concepto de controlar, regular, multar y perseguir al periodismo libre y crítico es la línea maestra disfrazada de la profundización de derechos que engañosamente impuso el Régimen anterior. Todo lo contrario a la ampliación de los derechos y libertades indispensables en democracia.

Desde los enunciados de la Constitución de Montecristi e imbuidos en la propaganda del cambio de época, se buscó asfixiar al periodismo libre. Se debatió varios proyectos, se irrespetó burdamente un acuerdo ético político de todas las fuerzas parlamentarias y se redactó el esperpento, un auténtico parto de los montes para perseguir e intimidar al periodismo y a la ciudadanía. La ley vigente y que se busca cambiar fue el instrumento de poder, el aparato de la Superintendencia de Comunicación se regodeó en multar, exigir rectificaciones y desde una visión oficialista, nunca de autoridad independiente fue un eje retardatario que encarnó el ejercicio del poder en la década pasada. La proclama de la guerra planetaria a los medios planteada tuvo en esa entidad, que ahora se busca hacer desaparecer, un siniestro brazo ejecutor.

La actual propuesta presidencial, si bien es cierto que elimina la figura del linchamiento mediático y las sanciones punitivas y pecuniarias perniciosas, conferiría funciones de control sobre medios y reclamos a la Defensoría del Pueblo.

La Defensoría, consagrada en la Constitución debe orientarse hacia la promoción y respeto a los derechos humanos. Nada hizo en la década perdida y los actores sociales fueron perseguidos ante su actitud contemplativa. Por los actos es válida la pregunta de ¿a quién defiende el Defensor del Pueblo y a quién representa?.Si lo hace a nombre de la sociedad, se comprendería, pero si lo hace como aparato funcional al poder su rol puede seguir siendo nefasto.

Otro asunto es el de la Cordicom, un ente controlador que tendría, si se aprueba el texto presidencial seis representantes del Estado y apenas uno de la sociedad ( la academia). Otra vez el espíritu regulador.

Por eso es que el debate debe contemplar otros proyectos para profundizar los derechos y no simplemente hacer reformas epidérmicas que no amplían derechos y libertades sino pueden prolongar esta agonía que ha padecido la sociedad y los medios.