León Roldós

¿Por qué no la verdad?

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No se entiende por qué aún no se registran los segmentos de deuda –que existen- que el gobierno de Correa excluyó registrarlos.

¿Se omite para que las cifras no asusten a los del FMI y a posibles inversionistas; y, para que no se agrave la calificación de riesgo del país? Craso error, debería pensarse que decir la verdad le dará credibilidad a las cifras que se entreguen, porque nadie que sea profesional y honesto y que revise la información disponible, podrá creer las cifras que no quieren corregirse.

Para mentir, en cuanto a la economía real, Correa cambió textos legales. Desde el 2002 hasta el 2010 estaba explícitamente definido en la ley que debía registrarse como deuda pública la que se tenía con acreedores externos e internos, con mención explícita del IESS y de otros acreedores públicos, a cualquier plazo; y, se estableció que el gran total de la deuda pública no debería exceder del techo del 40% sobre el producto interno bruto – conjunto de bienes y servicios producidos- en el período respectivo.

Correa en el Código de Planificación y Finanzas Públicas (año 2010) eliminó la mención de los componentes de la deuda pública y excluyó explícitamente del 40% a “cualquier título valor menor a 360 días”, con lo cual ya intentó legalizar una mentira, porque la deuda es deuda.

Pero, como para mentir y comer pescado hay que tener mucho cuidado, miles de millones en títulos – certificados de tesorería- que se le impuso al BCE no tuvieron plazo “a menos de 360 días”, sino “a 360 días”, un día más, además con repetidas refinanciamientos, con lo cual todas esas colocaciones debieron registrarse como deuda. Un decreto ejecutivo no puede reformar a una ley.
Que el manual del FMI obligaba a consolidar –no registrar- las deudas entre entidades del sector público, siempre fue falso. Ya lo aclaró el propio FMI.

Los atrasos en los pagos del sector público, por más de USD 1 000 millones, con proveedores, deben registrarse como deuda pública. En el correato se prohibió que los proveedores emitan factura mientras no les dé luz verde la entidad que debe pagar, esto es para que no se registre como atrasos lo no facturado. Por eso, las cifras de atrasos –al solo registrar lo facturado- son falsas.
Incentiva la corrupción que con pinzas sólo se saque lo que se va a permitir facturar.

En los expedientes de las llamadas preventas de petróleo, está la prueba plena que los dineros a pagar con intereses, con responsabilidad solidaria del gobierno central, con determinación de arbitraje en Londres, contraviniendo norma constitucional, constituyen créditos pagables en petróleo, con garantía del mismo petróleo, y a falta de éste con dinero por el gobierno ecuatoriano.
¿Seguir ocultando la verdad?, ¡qué absurdo!