Práctica reiterada ha venido siendo la descalificación de quienes piensan diferente o en contradicción con el poder, sobre posiciones asumidas por este.
Por eso, no faltaron quienes no creyeron en tres citas que se anunciaron desde la Presidencia de la República, y que se realizaron el domingo 17 de agosto del 2014, entre la tarde y la noche de ese día.
Una con los representantes de los trabajadores de las empresas de telefonía celular.
Lo que se inició como el cuestionamiento a las utilidades de dichas empresas, se desvió a la crítica contra sectores de trabajadores al considerárselos privilegiados.
Bien que dentro de la racionalidad se fijen remuneraciones sectoriales mayores, pero no aparece justo que se satanice el principio de la participación de los trabajadores en las utilidades, aun cuando el espacio en que se genera la inversión empresarial sea de recursos de la nación en su forma política de Estado.
La segunda, con los representantes de los fondos previsionales de administración privada, en la cual el más publicitado es el del Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano, que cobija al magisterio fiscal no universitario y que a la fecha por buena gestión acumula más de USD 930 millones, que pertenece a los maestros.
Debemos preguntarnos: ¿el segmento que aportan los empleadores –porque en el caso del fondo de cesantía no es subsidio- le pertenece a los empleadores o a los trabajadores?. Yo creo que a los trabajadores y en el caso concreto a los maestros. Otra cosa es el subsidio que el Estado da al fondo de pensiones para jubilación, que también es para los trabajadores, pero no constituyen “aporte de empleador”.
Lo justo sería que la definición la tengan los mismos afiliados, no de estatización de los fondos, ni la administración independiente contra la voluntad de los afiliados.
Siempre debe haber controles desde las respectivas entidades del Estado, pero “controles” no es “apropiación”.
La tercera reunión fue con representantes de los bancos privados. De lo que se conoce, las intervenciones fueron serenas, lejos de las usuales descalificaciones. ¿Qué se considerará de aquello que se habló?
Al decidir sobre bancos, claro que hay que pensar en los sectores que deben financiarse y en los sujetos de crédito; pero, también en las propias instituciones porque no se puede incrementar la acumulación de riesgos; y, en ese entorno, en los depositantes que colocan sus fondos en la banca privada, los que terminarán siendo los afectados por los riesgos, si solo se mantienen descalificaciones.
En los días que vienen sabremos los resultados de las conversaciones. No creo en un poder que se humille, sino en uno que se dignifique porque aprende a reflexionar y a rectificar, cuando sea procedente.