La vindicta pública exige que los procesos por corrupción culminen buscando castigar en el marco de la ley a los hechores de actos reñidos con la ética, a la que los funcionarios están obligados, cuidar con celo los recursos que son de todos, es un mandato inexorable.
Es importante que esas causas se efectúen respetando irrestrictamente el debido proceso y el derecho a la defensa, sin pre juzgar, desechando cualquier sospecha de persecución política, una actitud que en una sociedad democrática que se respete no debe existir. Una cosa es el derecho a pensar librememente y discrepar, y otra muy distina es que en nombre de ese ejercicio político se cometan delitos contra los fondos públicos.
Desafortunadamente las manos de la justicia no alcanzan. El esfuerzo enorme de la Fiscal General no posee todos los instrumentos para que las miles de causas apiladas -algún ex fiscal describió que se arrumaban en los pasillos de la Fiscalía – se despachen oportunamente y sobre todo se hagan las pesquisas sin temor ni favor.
También es cierto que una buena parte de los jueces en distintas instancias vienen de la época en que meterle las manos a la justicia -para manipularla y someterla- era moneda común. Hace falta limpiar la casa.
En esa medida la presentación en la Asamblea Nacional de un proyecto de ley que haga expedito y posible el derecho del Estado a la Repetición parece indispensable. El procurador Íñigo Salvador se reunió con Guadalupe Llori, titular del ente legislativo con ese propósito. El proyecto deberá ser revisado y estudiado por juristas y legisladores con celo, y establecer un debate nacional para que no quede ningún resquicio que impida al Estado encausar a los funcionarios y hacer que respondan con sus bienes por sus actos y el daño irrogado al erario nacional.
Más allá de las condenas por delitos de peculado y las pocas causas que, por ejemplo, de los exámenes de Contraloría llegan a sustanciarse ante la Justicia, a la opinión pública le preocupa en grado sumo la recuperación del dinero robado. En meses pasados escuchamos al Procurador pronunciarse al respecto. Pero las cifras de lo recuperado son modestas frente a los montos colosales del dinero que fue a parar a los bolsillos y acaso a cuentas en el exterior, de funcionarios inescrupulosos hoy millonarios.
La idea de llamar a un concurso internacional a empresas serias, especializadas en ese tipo de recuperaciones no debe quedarse en buenos propósitos ni tampoco en trabajos de fórmulas teóricas sino en acciones prácticas que sigan la huella de lo robado.
La idea debiera apuntalar un proceso técnico y transparente con empresas calificadas, serías y con prestigio, que puedan disponer de un contingente y altos contactos para identificar capitales y bienes mal habidos, tanto en el país cuanto en el exterior, para recuperar el dinero o exigir el traspaso de bienes a las arcas fiscales para resarcir los cuantiosos perjuicios a los dineros públicos. Junto a los juicios de repetición contra los responsables, recuperar lo robado debe seguir una ruta clara, certera y expedita.