Si la ciudadanía duda de la imparcialidad y probidad de los jueces que forman parte del sistema judicial de una nación, será por que aún se mantienen ciertos vicios y prejuicios de la época oscura y turbulenta en que todas sus decisiones pasaban por el filtro de la dictadura, cuando sus fallos bien servían para amenazar opositores como para dejar fuera de juego a sus enemigos más renombrados.
Desde el inicio de su mandato, este Gobierno centró sus esfuerzos en la reinstitucionalización del país con la mira puesta en la separación de poderes, precisamente para dejar clara su línea democrática opuesta a la tiránica que impuso la década robada.
Era una misión titánica, tanto que muy pocos imaginaron que al final del período de este Gobierno prácticamente toda la maraña hiperpresidencialista armada en torno a Correa, bajo receta chavista, estaría desarmada. Esta ha sido la gran obra de Lenin Moreno.
No obstante, sobre la justicia flotan aún muchas dudas. Una de ellas tiene que ver con el caso Singue, que estos días resolverá la Corte Nacional. Entre los implicados en este juicio, entre autores y cómplices por presunto peculado, se dice que hay al menos tres personas que han sido imputadas de forma injusta y sin pruebas en su contra, junto a varios peces gordos de la década anterior. Una de ellas es María Lorena Espinoza, una abogada que participó en el Comité de Licitación Hidrocarburífera como Coordinadora Jurídica del Ministerio, por disposición expresa de la Ley de Hidrocarburos. Me pregunto: ¿la abogada Espinoza tuvo alguna injerencia en las negociaciones de sus superiores? O, ¿solo estaba cumpliendo con sus obligaciones legales? ¿Justicia o venganza?
Por otra parte, me refiero también al juicio político que anuncia con gran melodrama la nefasta Asamblea Nacional, sin duda la peor de la historia republicana del Ecuador, en contra de la ministra María Paula Romo. Resulta un circo patético y vergonzoso este montado por el legislativo contra una ministra que tuvo la entereza y el valor de defender la democracia y evitar el golpe de Estado fraguado por los correístas (con varios miembros de esta Asamblea y con la complicidad de grupos indígenas).
Obviamente, Romo es el enemigo visible no solo de los golpistas frustrados de octubre, sino también de aquellos que han caído en tramas de corrupción por su denuncias e investigación. Esa es la razón por la que se le enjuicia, la única razón que enarbola esta triste Asamblea en la que solo se salvan un puñado de hombres y mujeres capaces y decentes.
Y, a propósito de las denuncias que han hecho varios periodistas en contra de la ministra Romo, se esperaría que ese trabajo que hacen los medios independientes, que han sacado a la luz buena parte de los escándalos de la década robada, termine justamente en las cortes, allí donde deben ventilarse todos los problemas judiciales de la nación y no en las manos sucias de una Asamblea que no busca hacer justicia sino cobrar venganza.