Carlos Jijón

Justicia revolucionaria

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Sábado 20 de agosto 2011
20 de August de 2011 00:02

No sé por qué me he sorprendido al ver en la prensa que el fiscal Galo Chiriboga ha presidido la audiencia en contra de los acusados de terrorismo por haber incursionado en las instalaciones del canal estatal, Ecuador TV, la infausta tarde del 30 de septiembre. Me sorprende porque, de lo que entiendo, entre los acusados no se encuentra ninguna persona de rango tal que pueda ser acusada por la Fiscalía General, por lo que puede entenderse que la presencia del doctor Chiriboga no es más que un símbolo de la actitud que ha decidido tomar en el caso. Creo que el proceso es uno de los más patentes de la serie de injusticias que se vienen cometiendo desde ese trágico día.

Yo no creo que los manifestantes que acudieron ahí para protestar por el derecho a estar libremente informados, coartado ese día por la cadena indefinida e ininterrumpida ordenada por el Régimen, cometieron acto de terrorismo alguno. Que yo recuerde, nadie murió ahí. Ni se puso en peligro la vida de nadie. ¿Que se rompió una puerta de vidrio? ¿Que los manifestantes irrumpieron por la fuerza en un edificio público? Yo no creo que los desmanes puedan catalogarse más que de una contravención, de las que en mi época de estudiante eran sancionadas por un comisario con uno o dos días de prisión. Pero acusar de terrorismo, en una audiencia presidida nada menos que por el Fiscal, no solo es un despropósito y un absurdo, sino que, sobre todo, una injusticia.

Como es una injusticia flagrante que cuatro personas, del personal administrativo de la Universidad Nacional de Chimborazo, hayan sido condenadas a un año de prisión por un acto similar, el mismo día, en la Gobernación en Riobamba. He leído en los periódicos los daños provocados y confirmados por un perito: un buzón de sugerencias destruido, un grafiti pintado en la pared y una luminaria (léase una lámpara) rota. El Fiscal ha pedido tres años. Unos jueces, misericordiosos y perdonavidas, los han sentenciado a un año, considerando su buena conducta antes y después de los hechos, esto es, que se trata de personas de bien y no de ningunos delincuentes. Y sorpréndase: el Fiscal ha apelado. Exige que Lola Maldonado, Aníbal Oleas, Elías Yépez y Luis Carvajal paguen su culpa (la del grafiti en el muro y la lámpara rota) con 3 años de cárcel.

Sucede mientras el Tribunal de la Judicatura Transitorio reorganiza la Función Judicial. Ocurre en el Ecuador, el mismo país en el que, no hace pocos años, hordas de camisetas verdes y banderas del mismo color asaltaron la Corte Constitucional y desalojaron a los magistrados legalmente designados ante la mirada impasible de la Fuerza Pública. Lo peor : a nadie llama la atención.