La justicia no puede tener colores

Existen momentos en los que el verdadero juicio no se ventila en los tribunales, sino en la conciencia colectiva. Esta semana, Ecuador volvió a vivir uno de esos momentos. La condena impuesta al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, por el incumplimiento de una decisión judicial (grillete); las controversias surgidas alrededor de las resoluciones adoptadas en favor de sus hermanos dentro del denominado caso Goleada; y las discusiones respecto de los procesos relacionados con la comercialización irregular de combustibles han vuelto a colocar a la justicia en el centro del debate nacional.

Sin embargo, la esencia y repercusiones del tema no radican únicamente en el contenido de esas decisiones. Radican en la rapidez con la que el país volvió a dividirse entre quienes consideran que toda actuación judicial constituye persecución política y quienes sostienen que cualquier decisión  demuestra, por sí sola, la culpabilidad del procesado.

Ambas posiciones resultan peculiares. En un Estado de derecho, los jueces no deben administrar simpatías ni antipatías políticas. Deben administrar específicamente  justicia. Y la justicia solamente puede descansar sobre tres pilares: la prueba, el debido proceso y la ley. Nada más y nada  menos. Ese principio es elemental, pero con frecuencia se olvida cuando los protagonistas son figuras públicas o actores políticos de alto perfil.

La corrupción constituye una de las mayores amenazas para cualquier país. Destruye la confianza ciudadana, deteriora las instituciones y desvía recursos que pertenecen a la sociedad. Combatirla constituye una clara y determinante obligación moral y jurídica del Estado. Pero precisamente por esa razón, la lucha contra la corrupción debe desarrollarse dentro de las reglas del Estado de derecho. No existe victoria posible cuando, para sancionar a un eventual responsable, se sacrifican las garantías procesales que protegen a todos los ciudadanos.

Las garantías constitucionales no fueron creadas para favorecer a los culpables. Fueron creadas para para impedir que el poder actúe arbitrariamente. Al mismo tiempo, tampoco resulta aceptable que errores procesales, investigaciones deficientes o decisiones judiciales técnicamente cuestionables terminen debilitando la posibilidad de establecer responsabilidades cuando existan elementos suficientes para ello. Una Fiscalía rigurosa fortalece la justicia. Una Fiscalía descuidada la debilita.

Del mismo modo, la independencia judicial no puede confundirse con ausencia de control. Los jueces deben ser independientes frente al poder político, pero también responsables frente a la Constitución, la ley y los mecanismos institucionales de evaluación previstos precisamente para garantizar la calidad de sus decisiones. No existe contradicción entre independencia y responsabilidad. Son conceptos complementarios. Una justicia seria y competente necesita de ambas.

En este punto, el riesgo para Ecuador no es que existan procesos judiciales contra dirigentes políticos. Las democracias maduras investigan, procesan y, cuando corresponde, condenan a funcionarios de todos los niveles. El verdadero riesgo aparece cuando una parte importante de la ciudadanía deja de confiar en que esas decisiones obedecen exclusivamente al derecho. Porque cuando la confianza desaparece, cada sentencia comienza a interpretarse como una victoria política o como una vendetta. Y entonces pierde la justicia, pierde la sociedad y  pierde también la democracia.

Por ello, defender el debido proceso no significa defender a un determinado procesado. Y exigir sanciones frente a la corrupción tampoco significa avalar excesos o arbitrariedades. Ambas ideas pueden y deben convivir dentro del marco de una democracia sana y madura.

Solo una justicia objetiva, técnicamente sólida e independiente puede condenar con legitimidad a quien resulte culpable y absolver con la misma legitimidad a quien no lo sea. Ese es, precisamente, el verdadero sentido del Estado de derecho.

La justicia no debe tener amigos; pero, tampoco enemigos. Y, mucho menos colores políticos. Porque cuando los jueces comienzan a distinguir entre unos y otros, deja de ser justicia para convertirse simplemente en herramienta del poder o de la conveniencia.