Óscar Vela Descalzo

“Justicia indígena”

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Domingo 23 de febrero 2020

Ciertos dirigentes indígenas, envalentonados por la impunidad campeante en su entorno, han emprendido una campaña de intimidación, amedrentamiento y demostración de fuerza en contra del Gobierno, sectores productivos y de otros actores de la sociedad ecuatoriana que aún los recuerda como responsables, cómplices o encubridores de la destrucción, saqueos, agresiones y pérdidas millonarias de octubre.

Además de las mascaradas y disparatados sueños húmedos de uno de estos personajes, que se empeña en mostrarse como un garabato de sí mismo, aparecen en el panorama otros sujetos con amenazas insólitas de nuevas paralizaciones y marchas porque “ahora el gas nos quieren vender con factura” o porque el Gobierno “les obliga”, (como nos obliga a todos los ciudadanos), a declarar y pagar impuestos.

La justificación, absurda, ilegal e inconstitucional, y, sobre todo, peligrosa para la unidad, el orden jurídico y la seguridad de la nación, es que por pertenecer a comunidades indígenas y pretender ser pueblos ancestrales (solo lo son unos pocos de acuerdo con el convenio de la OIT), pretenden vivir al margen de la ley, en condición de ciudadanos superiores al resto de los ecuatorianos, sin cumplir sus obligaciones, pero eso sí, exigiendo derechos.

De un tiempo a esta parte, por ejemplo, en varias zonas de la sierra, uno de estos dirigentes ha venido engañando a decenas de pequeños productores de flores diciéndoles que ellos, por su condición de indígenas, no deben someterse ni a las autoridades ni a las leyes de propiedad intelectual vigentes en el país y que, por tanto, pueden explotar variedades protegidas de rosas y sus marcas correspondientes sin licencia de los titulares. Por supuesto, la consecuencia es que varios de esos cándidos floricultores que competían ilegal y deslealmente con el resto de productores de rosas, hoy enfrentan procesos administrativos, judiciales y multas.

Pero además del daño que este tipo de dirigentes fanfarrones provocan a los miembros de sus comunidades y a los demás actores del sector florícola, se han dedicado a amenazar e intimidar a las autoridades y a los titulares de los derechos de propiedad intelectual, con ejercer “justicia indígena” en “sus territorios”.

Vale la pena recordar que la jurisdicción indígena está reconocida en la Constitución Ecuatoriana, artículo 171, como un sistema excepcional para la solución de conflictos internos de estas comunidades, siempre y cuando sus prácticas no sean contrarias a la Constitución y a los derechos humanos. Obviamente, ejercer “justicia indígena”, como amenaza contra autoridades y personas de la sociedad cae dentro del campo delictivo y no en la facultad jurisdiccional de la Constitución.

Las autoridades judiciales y administrativas competentes deben investigar, conocer, tramitar y sancionar estos delitos y violaciones legales para evitar que la impunidad nos arrastre otra vez al caos.