El resultado del juicio político a María Fernanda Espinosa en la Asamblea Nacional no demuestra la capacidad de la ex ministra sino la incapacidad del gobierno; incapacidad de actuar con coherencia en una historia bochornosa de la que salen todos mal parados. Hay que decirlo con la esperanza de que provoque vergüenza y no se repita nunca.
Cuando se hizo público el rumor de que el gobierno le había dado la nacionalidad ecuatoriana a Julian Assange, parecía inverosímil; las versiones oficiales eran ambiguas. La realidad terminó siendo peor de lo que anticiparon los rumores; no solo le habían convertido en ecuatoriano sino dado un cargo diplomático. La historieta era una farsa de mal gusto. En el pasado se había regalado la nacionalidad a futbolistas y aventureros que ni habían pedido ni agradecerían.
Pero nunca a un delincuente internacional perseguido por la justicia de tres naciones y que, además, había calificado a nuestro país como insignificante. La farsa resultó inútil porque el gobierno británico consideró que se trataba de un intento inaceptable de engaño a ese país. Sobrevivir a esta vergüenza parecería imposible si no se tratara de política, una actividad que parece desconocer el pudor.
La incoherencia a la que hacíamos referencia, comenzó con este aparente intento desesperado de proteger al fugitivo de los jueces que le perseguían para terminar entregándole a las autoridades para que le saquen a empellones de la embajada. La segunda gran incoherencia se produjo cuando el mismo gobierno que le otorgó ciudadanía y cargo diplomático, denunció que el procedimiento había estado plagado de irregularidades. Se insinuó que la ex canciller había actuado por su cuenta, pero en el juicio político ella dijo, una y otra vez, que la decisión había consultada varias veces con el Presidente.
La serie de incoherencias siguió con el inicio del juicio político a la ex ministra que había sido premiada con un cargo internacional costoso para el país en dinero y en abandono de dos temas muy dolorosos: el secuestro y asesinato de tres periodistas en Colombia y la penuria de miles de venezolanos que llegaban al país huyendo de la pandilla militar que gobierna en Venezuela.
El capítulo más absurdo de la incoherencia se demuestra en el resultado del juicio político. El gobierno tiene mayoría en la Asamblea, las irregularidades son denunciadas por la cancillería, el juicio político es iniciado por los aliados del gobierno y, sin embargo, no se alcanzan los votos para la censura. ¿Dónde estaban los votos del partido de gobierno? En todas partes; a favor, en contra y ausentes.
El final resultó fiel a la incoherencia. Los asambleístas de la mayoría gobiernista que no asistieron o se abstuvieron hicieron doble papelón; dejaron en minoría a la mayoría y traicionaron a los ciudadanos; siendo elegidos para tomar decisiones, dijeron aquí estoy, pero a la hora de votar soy inexistente.