Fabián Corral

Judicialización integral

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Jueves 22 de septiembre 2011
22 de September de 2011 00:01

Desde que se inauguró la “acción de amparo”, con la Constitución reformada en 1998, se advirtió la tendencia a abusar del derecho y a transformar las más diversas disputas jurídicas, sociales y políticas en mecanismos seudoconstitucionales sumarios, abogadiles, dirigidos a obtener ventajas, enderezar intereses, impugnar actos administrativos, afectar contratos, etc. La expedición de la Constitución de 2008 y de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, acentuaron la tendencia, al punto que resulta difícil saber cuál es la situación legal que vivimos y cuáles son las reglas que rigen en la sociedad. A esto se suma la evidente y grave judicialización de la política.

1.- El problema de fondo: el descrédito de la ley. La teoría de que la ley en un subproducto de la legalidad burguesa, que debe ser sistemáticamente cuestionada con los más imaginativos artificios ideológicos, y que los jueces y autoridades, en los casos que resuelven y juzgan, deben dejar de lado las normas y elevarse a la estratosfera de los “principios” y a la nebulosa de la más abstrusa filosofía seudojurídica, es una de las explicaciones del progresivo desorden en que vivimos. Ahora, todo el mundo se siente filósofo, sociólogo, antropólogo o ideólogo, con atribuciones para decir y resolver lo que mejor le aconsejan las conclusiones que sacó de la última lectura de algún párrafo pescado al desgaire, o del barniz analítico obtenido de Internet. La cultura dominante y las políticas derivadas de ella, tienden a archivar las normas, a privilegiar la novelería, y lo que es peor, a inaugurar un activismo judicial que no tiene más destino que el caos, y que conspira contra todos, incluso contra los mentores de las novelerías.

2.- La eliminación de la especialización judicial. La división del trabajo de los jueces en función de la materia, fue uno de los aciertos de los regímenes procesales de todo el mundo civilizado. La idea de que los jueces pueden resolver simultáneamente sobre los más diversos temas, desde asuntos de familia, hasta disputas de comercio electrónico, desde líos de menores hasta asuntos financieros y problemas aduaneros, pertenece a la Edad Media judicial. Nadie, que tenga mediana información de la realidad puede sostener semejante teoría, que parte del errado supuesto de que el derecho, la economía, la política y la tecnología no han sufrido sustanciales cambios ni han evolucionado en forma vertiginosa. Es evidente que cada día se requiere más especialización, y que los “todólogos” pasaron hace rato a la categoría de los charlatanes.

Pese a ello, la Constitución ancló las acciones constitucionales (protección, hábeas data, medidas cautelares) en el erróneo y perjudicial concepto de que todos los jueces saben de todo, y que, en consecuencia, pueden resolver sobre cualquier disputa, en forma sumaria, urgente y “sabia”. Pero la verdad es que para mejor ejercer la defensa de los derechos individuales, es preciso respetar la especialización, mantener la ley como referente, y por supuesto, mejorarla.

3.- Síntomas de caos. Hay graves y permanentes síntomas de caos jurídico. En efecto.

3.1.- Noticias. Llega la noticia de que un juez suplente de lo penal ha resuelto una petición de medidas cautelares desconociendo sentencias ejecutoriadas anteriores, que negaron los derechos que presuntamente se protegen con la medida cautelar. Hay casos en que, encontrándose en curso juicios en los que recién se discuten hipotéticos derechos, y antes de sentencia, una de las partes interpone acciones constitucionales e interfiere así sobre la competencia de los jueces ordinarios y logra “amparo”, ¿de qué derechos?

3.2.- Abuso de derecho. Todo esto es evidencia el caos jurídico que se ha instalado en el país, en el cual todo descontento con un proceso, todo abogado más o menos avisado, hace de su caso un tema constitucional. De este modo, va decantando el abuso del derecho, el fraude a la ley, la viveza criolla disfrazada de constitucionalismo.

La Constitución y las leyes conexas debieron asumir la realidad, y no entregar en forma indiscriminada el delicado tratamiento de la defensa de los derechos individuales, sin orden ni concierto, a todos los jueces.

No se les ocurrió que la especialización de la vida impone la especialización judicial. Ni se les ocurrió que la respetabilidad y defensa de los derechos humanos -tarea esencial del Estado- requiere que se eleve su tratamiento judicial, y que no se lo ponga al nivel de las viejas peleas de Intendencia de Policía.

4.-¿Absolutismo judicial? El cuestionamiento ideológico, político y mediático a la vigencia y eficacia de las leyes, la expansión de las potestades judiciales discrecionales, la enorme confusión conceptual sobre los derechos individuales, como factores de libertad; la perversión de su defensa, enredada en un sistema caótico, hacen pensar que enfrentamos el inicio de un tiempo de despotismo judicial, en que la propiedad, los actos de poder, los contratos, las empresas, las familias, etc., quedan en manos del juez al que, por sorteo, le tocó en suerte el tema, juez que antes estaba sometido a las reglas de la ley escrita, estaba frenado por aquello de que “no se puede dictar sentencia contra ley expresa”. Hoy, la discrecionalidad que inauguró la Constitución y el equivocado diseño procesal de las acciones constitucionales, paradójicamente, conspiran contra los derechos de la gente, no garantizan nada, ni siquiera en el caso de que el iluso ciudadano tenga en sus manos la sacrosanta sentencia ejecutoriada que, a estas alturas de los tiempos, no sirve sino para “poner en marco”, como dice el hombre común.

5.- Tiempo de incertidumbre. Las personas viven en comunidad para tener un poco de seguridad, con el fin de contar con reglas claras que aseguren sus derechos y hagan posible el ejercicio de sus libertades.

La incertidumbre que proviene de la inconveniente “judicialización de la vida”, de la degradación de la ley, de la ausencia de políticas que enderecen los entuertos y pongan en regla a las instituciones, es el mayor desmentido a la razón misma de vivir en sociedad, de ceder nuestros derechos para que los administradores públicos y los agentes judiciales nos garanticen su vigencia.

¿Los dirigentes, desde las alturas en que moran, habrán advertido el tiempo de incertidumbre en que vivimos?