La profundidad correísta

La corrupción hay en todo el mundo, aquí y en la Cochinchina. También se sabe que los sistemas de control y sanción pueden fallar, aquí y todos los países. Pero, ¿cuál es la diferencia con Ecuador?La impunidad como principal resultado del sistema. A los mecanismos de control y sanción se los estructuró – a propósito – en la década correísta para asegurar la impunidad. En otros países las instituciones de control y sanción trabajan y ocasionalmente se rompen. Aquí el aparato es inoperante, solo que cada cierto tiempo funciona. ¿Quién se sorprende que haya tanta corrupción, si no hay una institucionalidad para identificar, procesar y castigar a los ladrones?

El sistema está diseñado para asegurar la impunidad, no para penar. Y, estos resortes, este impulso hacia el encubrimiento, se puso de total manifiesto en el caso Sobornos. Fue maravilloso que el sistema funcione, pero faltó poco para que falle.

Durante las primeras fases del juicio la estrategia correísta de defensa era clara. “Si no hubo condenas, sanciones, declaraciones de irregularidad en el Consejo Nacional Electoral; ¿de qué nos están acusando?” Brillante argumento. ¿Por dónde hay un proceso penal, si ni siquiera la autoridad electoral ha reconocido irregularidades? Primero que el CNE identifique falencias y señale responsabilidades, y luego que se pase a un proceso penal.

Y, a pesar de las montañas de evidencias, a pesar de las facturas, del cuaderno de Martínez, se hizo todo lo posible para que la máquina de impunidad siga operando. El 20 de diciembre del 2019, con tres votos, el Pleno del CNE aprobó un informe alucinante.

Alianza País cumplió impecablemente con la ley, supuestamente. “Reportó sus gastos conforme a los artículos 227 y 362 inciso 2 de la Ley Orgánica Electoral.” “El movimiento político declaró y registró la recepción de aportes en numerario y en especie, proveniente de personas naturales, candidatos y de la propia organización política.” El Informe aprobado dice que el gasto de la campaña fue de un total de USD 1 168 864,76, lo que sería correcto porque está por debajo de lo autorizado de USD 1 749 941,70, “cumplió con los requisitos reglamentarios; y que, el análisis y estudio realizado se efectuó conforme a lo determinado en la ley para realizar el control.” Por supuesto, la defensa correísta intentó que el documento ingrese como prueba principal al proceso.

Parte del aparato de impunidad es que haya personal en todas las instituciones dispuesto a lo que sea para encubrir ilegalidades. Por suerte en el caso Sobornos, no lograron desarticular el proceso. Pero, ahora que ya es una certeza absoluta que hubo delitos, ¿no es momento de enfocarse y depurar al CNE de los operadores que buscaron la impunidad? Esta vez el sistema funcionó, pues que funcione entero.