
El Estado también innova. Esta afirmación puede resultar extraña porque solemos asociar burocracia con inmovilidad. Sin embargo, vacunas, infraestructura digital, sistemas de pago, exploración espacial y numerosas tecnologías surgieron de inversiones públicas o compras estatales que asumieron riesgos difíciles para el sector privado. Esto ocurre continuamente en los países desarrollados y aquellos con política de apoyo a la innovación.
El problema no es la participación estatal, sino su calidad. Un Estado capturado puede utilizar la innovación como pretexto para adjudicar contratos, escoger amigos o financiar proyectos sin evaluación. Uno excesivamente temeroso puede exigir tantos controles previos que vuelve imposible experimentar. La capacidad pública consiste en fijar misiones, convocar competencia, evaluar etapas y cerrar aquello que no funciona.
La compra pública puede convertirse en herramienta de innovación. El Estado es un gran demandante de salud, seguridad, transporte, educación, agua y energía. En lugar de especificar siempre una tecnología conocida, puede definir un problema y permitir que distintos proveedores propongan soluciones. Para hacerlo necesita funcionarios técnicamente preparados, procesos transparentes y pruebas controladas.
La innovación pública no debe perseguir novedades por prestigio. Digitalizar un trámite inútil conserva su inutilidad. Antes de desarrollar una plataforma, conviene preguntar si el requisito todavía es necesario, si el Estado ya posee la información y si el ciudadano puede resolver el proceso de una manera más simple. La mejor innovación administrativa puede consistir en eliminar la información repetitiva, muchas veces inútil y redundante.
Los datos públicos representan un recurso importante. Información geográfica, climática, sanitaria, agrícola y comercial puede permitir investigaciones y servicios nuevos cuando se publica con calidad, formatos utilizables y protección de privacidad. Los datos cerrados por inercia reducen conocimiento; los datos personales expuestos sin límites reducen la libertad.
La inteligencia artificial amplifica esta tensión. Puede ayudar a diagnosticar enfermedades, personalizar educación, optimizar energía, detectar fraude y analizar grandes cantidades de información. También puede reproducir sesgos, inventar respuestas, vigilar ciudadanos y concentrar poder en quienes controlan modelos y datos.
En mi libro anterior examiné la automatización como una fuerza capaz de transformar empleos, empresas y sociedades. Esa transformación dejó de ser una previsión distante. La inteligencia artificial generativa puede realizar tareas cognitivas que hasta hace poco parecían exclusivamente humanas. No reemplazará todas las ocupaciones, pero modificará muchas y redistribuirá valor entre quienes sepan utilizarla, quienes controlen su infraestructura y quienes dependan de decisiones automatizadas.
La respuesta no puede limitarse a prohibir ni a celebrar. Necesitamos evaluar usos concretos. Una herramienta que ayuda a un médico no es igual a otra que decide, sin supervisión, quién recibe un tratamiento. Un sistema que redacta una primera versión no plantea el mismo riesgo que uno que determina la libertad, el crédito o el empleo. Cuanto mayor sea el impacto sobre los derechos, mayores deben ser la explicabilidad, el control, la revisión humana y la responsabilidad.
La innovación tecnológica contiene valores. Un algoritmo optimiza aquello que alguien definió como objetivo. Si una plataforma premia la atención a cualquier costo, difundirá contenidos capaces de retenerla, aunque deterioren conversación pública. Si un sistema de selección aprende de decisiones discriminatorias, puede reproducirlas con apariencia matemática.
Por eso, la ética no debe añadirse al final como una declaración. Debe entrar en el diseño: qué problema se resuelve, qué datos se utilizan, quién puede reclamar, qué errores son aceptables y quién responde por ellos. Innovar responsablemente significa anticipar consecuencias sin pretender que podamos conocerlas todas.