Fabián Corral

La innecesaria complejidad

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Al parecer, la idea que subyace en las leyes recientes es hacer de los derechos, los procesos, las sentencias y los recursos, asuntos difíciles, temas para iniciados, ámbitos reservados a los “doctores”, a quienes conocen los senderos y vericuetos por los que transita el “Estado de derechos y justicia”.

Al parecer, los fabricantes de la multitud de “leyes y códigos orgánicos” que inundan el país, no se han planteado que lo primero son los derechos, después las formalidades y los presupuestos procesales; que primero es el sentido de justicia y después la tramitología; que la norma debe esclarecer, no obstaculizar; que la jurisprudencia debe iluminar, no obscurecer; que la gente común -usuaria y destinataria del Derecho- quiere certeza, facilidad, no argumentación enrevesada, no latinajos ni doctrinas enlatadas. No párrafos ilegibles.

El sistema legal del país es el más grande desmentido al principio de acceso a la justicia que pomposamente consagra la Constitución, llena como está de mala poesía y de esa ideología vengativa y caduca, que fue la carta de presentación de una revolución llena de trampas. El sistema legal tras el que se atrinchera el poder, dificulta el adecuado ejercicio de los derechos individuales, entendidos como patrimonio moral de las personas. La estructura que construyó el populismo de la década pasada tiene como objeto fortalecer al Estado, afianzar a la burocracia y complicar la vida de empresas y personas.

Entre las líricas y hasta “poéticas” declaraciones de principios que saturan la obra maestra de Montecristi, y las normas que bajo su inspiración se han dictado, hay una formidable distancia. Como la hay entre el sentido común y numerosas disposiciones que han transformado al ordenamiento jurídico en una torre de babel, en un galimatías donde nadan, como pez en el agua, algunos iluminados. A esto se agrega la proliferación de peligrosas disposiciones que permiten la cesión de la potestad legislativa en beneficio de toda clase de organismos burocráticos, agencias, comités, ministerios, directorios, etc., etc., al punto que la mayor parte de las normas vigentes que afectan a los derechos de los individuos, están en ese infinito mundo de regulaciones, resoluciones, acuerdos, circulares, oficios, ordenanzas, páginas web y políticas públicas, que blindan ese sistema de jeroglíficos jurídicos donde campea la incertidumbre.

Los temas de fondo están en la corrupción. Pero, lo están también en esa “legalidad” que se construyó como parte de la enorme pirámide que debía durar trescientos años, y que deberá desmontarse sistemáticamente, piedra por piedra, porque el autoritarismo anida precisamente allí. Las libertades seguirán amenazadas, mientras el Estado de Derecho sea una ficción.