Sebastián Mantilla

Inmigración venezolana

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Miércoles 28 de agosto 2019

El Ecuador dejó de ser hace mucho tiempo atrás territorio de paso de miles de desplazados venezolanos. Ya no es prioridad ir únicamente a Perú, Chile o Argentina. De acuerdo a estimaciones de las Naciones Unidas, a fines de este año aproximadamente 500 mil venezolanos residirán en el Ecuador.

El Decreto Ejecutivo 826, el cual dispuso la exigencia de un visado humanitario para todos los ciudadanos venezolanos que ingresen al país, así como de una amnistía y posibilidad de regularización para quiénes hayan ingresado hasta el 26 de julio, llega tarde. En efecto, este requisito se ha aplicado mucho después de Chile y Perú.

En esa actitud muchas veces pasiva, de dejar que los problemas lleguen al límite, de cuidar en exceso las repercusiones políticas que puedan tener ciertas decisiones de gobierno o de no adelantarse a posibles situaciones, el presidente Lenín Moreno dejó pasar mucho tiempo para enfrentar con solvencia el problema migratorio. La inmigración venezolana ha comenzado a convertirse en un problema.

De acuerdo a un estudio realizado por la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), el 48,47% de los ciudadanos venezolanos que han ingresado piensan quedarse en el Ecuador, 18,71% han considerado regresar a su país, 13,28% buscan reubicarse en otras ciudades, el 12,53% piensan viajar a otro país y el 7,01% aún no lo sabe. En las conclusiones de este estudio de la Acnur se ratifica que la capacidad de los países de acogida (principalmente Colombia y Ecuador) se ha visto “sobrecargada” para enfrentar las crecientes necesidades de protección e integración, lo que ha llevado a la aplicación de parte de los países de la región de controles fronterizos más estrictos.

El Ecuador atraviesa por una situación económica crítica. Pese a ello, el gobierno nacional destinó en el 2018 USD 76 millones del presupuesto para responder a la crisis migratoria. No se incluye aquí los montos destinados a inmigrantes venezolanos para garantizar el acceso a educación pública y servicios de salud gratuitos, así como protección especial a grupos de inmigrantes más vulnerables. Algunos GADs provinciales y municipales han tomado recursos que usualmente estaban dirigidos a grupos de atención prioritaria para atender la crisis de movilidad humana.

No obstante, la ayuda internacional ha sido exigua. Del total requerido, el Ecuador ha recibido apenas el 23,3%. No sé si por la limitada gestión de la Cancillería en este aspecto o el desinterés de otros países por contribuir a una de las más graves crisis humanitarias que ha tenido la región.

Pese al dolor que despierta conocer el drama de cientos de inmigrantes venezolanos, el Gobierno debe priorizar y enfocarse en sus ciudadanos. Los índices de pobreza, anemia y desnutrición infantil, carencia de vivienda, subempleo, desempleo… son altos en Ecuador. Eso está generando rechazo de parte de la población e incluso sentimientos de xenofobia.

smantilla@elcomercio.org