Los paraísos fiscales están cada vez mas cerca del infierno. La investigación que la Asamblea realiza sobre grupos, entidades y personas que tienen empresas en esos destinos se instaló en el terreno político. En este espacio el Gobierno marca la agenda e impone sus tiempos. Sobre todo, ubica a sus enemigos y los ataca sistemáticamente buscando posicionar su verdad como única.
La semana pasada el director del SRI, Leonardo Orlando, acudió al legislativo y expuso decenas de nombres de empresas y de cinco universidades que tenían actividades con firmas offshore. Aunque puntualizó que tener operaciones de este tipo no constituía un delito per se, sí enfatizó que miles de millones de dólares salieron desde Ecuador hacia esos destinos, caracterizados por sus exenciones tributarias y su política de sigilo. Si no es ningún delito ¿por qué la entidad tributaria siembra dudas sobre esas operaciones? ¿Por qué no espera tener resultados identificando posibles ilícitos y señalando responsables como corresponde?
Así, sin un debido proceso, que garantizan la Constitución y la ley, se presume que todo aquel que tenga operaciones en paraísos fiscales, es una especie de traidor a la patria: se ha llevado los dólares que el país necesita para oxigenar su economía. Al menos ese es el libreto del Gobierno. No repara, sin embargo, en que funcionarios públicos de su administración también crearon entidades offshore. En sintonía con esa tesis, el Régimen impulsa una consulta popular para impedir que candidatos o servidores públicos tengan bienes o capitales en paraísos fiscales.
¿Dedicatoria? No se puede descartar que el oficialismo también trata de construir un estereotipo alrededor del candidato Guillermo Lasso, a quien busca encasillar como el banquero opuesto a los intereses del pueblo. Esta jugada solo se explicaría por la lectura que el Gobierno estaría haciendo de la última encuesta de Cedatos, según la cual Lasso pasaría a la segunda vuelta, ya sea con Lenín Moreno o Jorge Glas, a quien incluso aventaja.