Infancias destrozadas

Impactan y preocupan las frecuentes noticias sobre menores de edad involucrados en actos delictivos. Estos hechos revelan una realidad dolorosa: miles de niños y adolescentes están siendo captados, entrenados y utilizados por redes criminales. Las imágenes de un niño que dispara, semioculto en una esquina, contra una persona que huye; de dos menores que esconden una pistola en un ramo de flores, usado como supuesto presente de bienvenida, para asesinar a un recién llegado; o de un adolescente contratado por empleados administrativos de una prestigiosa universidad para matar a quien los auditaba, son apenas algunosejemplos de esta amarga realidad. No se trata de hechos aislados, sino de señales de un país donde la infancia vulnerable está siendo convertida en instrumento de extorsión, transporte de drogas y sicariato. Niños y adolescentes son preparados para ejecutar ataques mortales, resultado de un adiestramiento eficaz y letal en polígonos de tiro y espacios destinados a ese fin. 

El fenómeno no puede entenderse solo como una suma de delitos juveniles; responde a una cadena de abandono familiar, exclusión educativa, impunidad y poder económico criminal que convierte la necesidad en mecanismo de reclutamiento. 

La mayoría de estos niños proviene de hogares pobres y disfuncionales, marcados por carencias afectivas, desorden y hambre. En muchos casos,sus familiares y allegados consumen drogas o comercian con sustancias prohibidas. No todos asisten a la escuela o al colegio; muchos abandonan sus estudios al ver que amigos y compañeros en situaciones similares mejoran repentinamente su nivel económico y obtienen eldinero, antes impensable, para comprar vehículos de lujo, teléfonos de última generación, ropa, joyas y armas. 

Esa tentación no tiene contraparte y es tan atractiva que se convierte en poderoso imán que atrae a la niñez y a la adolescencia, con tanta fuerza que se calcula que superan a los 450.000 los educandos que abandonan los estudios, para ingresarvoluntariamente o a través  de amenazas, contra ellos o sus familias, en las bandas criminales.  

La amarga realidad demuestra que vivimos inmersos en una disputa desigual: de un lado están el narcotráfico, la minería ilegal y la delincuencia común, con enormes recursos económicos y armamento sofisticado; del otro, el Estado, la sociedad y los líderes políticos, que no han logrado acercarse a los niños y jóvenes ni ofrecer respuestasa las profundas carencias en las que viven, no se les ha brindado oportunidades, ni educación, ni fuentes de trabajo. 

A los delincuentes les resulta fácil inducir a un niño pobre a delinquir: primero lo incorporan en tareas simples y luego en acciones cada vez más graves, hasta llegar al sicariato. A cambio, le ofrecen pequeñas sumas de dinero que, para jóvenes que nunca antes las han tenido, adquieren un enorme valor y los incitan a asumir cualquier riesgo. Ante la falta de gestión estatal, hay barrios y territorios controlados por organizaciones criminales, donde incluso niños y adolescentes conviven con ellas en entornos en los que el delito y el crimen se han vuelto frecuentes y normalizados. 

Por otra parte, la justicia ha colapsado. Muchos de sus operadores —jueces, fiscales y abogados— se han convertido en funcionarios con precio, pagados por las mafias para garantizar la impunidad. Además, aprovechan que las penas para los menores de edad son distintas de las aplicadas a los adultos, mientras se multiplican los casos de sicarios juveniles que, tras apenas dos días de prisión, son liberados y devueltos al mundo del crimen con una identidad delincuencial reforzada. 

Es muy doloroso reconocer que un país sin ética pública, carente de liderazgos, sin instituciones, que está entre dos vecinos productores de coca y con una economía dolarizada, que facilita el lavado de dinero a todo nivel, si no se transforma y cambia, no puede ofrecer, ni esperar nada bueno de esa juventud, que va acumulando un futuro desastroso, oculto por nubes negras de corrupción y crímenes que amenazan con crear una nación inviable. 

Debemos salvar nuestra patria, heredad de nuestros hijos, nietos y de toda la población. Para ello, es indispensable una acción coordinada del Estado —a través de los ministerios de Inclusión Social, Educación, Deporte, Salud y Finanzas— junto con la banca, las universidades, los municipios y las prefecturas, con el fin de mejorar las condiciones económicas de los sectores vulnerables y dotarlos de escuelas, colegios e incentivos suficientes para mantener la escolaridad. También es necesario ofrecer oportunidades de superación a niños y jóvenes mediante torneos deportivos en todos los centros educativos, con amplia participación estudiantil y supervisión del Ministerio del Deporte, así como concursos intercolegiales de literatura, oratoria, ética y moral, historia, geografía y matemáticas, de alcance nacional y con reconocimientos económicos y públicos significativos. En síntesis, debemos unir esfuerzos, superar las rencillas políticas intrascendentes y sentar las bases de un verdadero cambio social mediante el cuidado permanente del futuro nacional: la recuperación de nuestros niños y jóvenes.