He reiterado y he destacado en múltiples oportunidades que son indudables los avances y la enorme cantidad de recursos que ha destinado la actual administración para el sector de la salud pública, que ha sido acogido con satisfacción por la gente de escasos recursos económicos. El notable crecimiento de las consultas externas, la ampliación de cirugías, la adquisición de nuevos equipos y en general el aumento de la atención ciudadana, aunque la congestión hospitalaria y falta de medicamentos e insumos demuestra la ineficiencia burocrática.
Existen crasos errores y distorsiones que hasta ahora no han sido reparados y que siguen afectando a quienes padecen de cáncer. El Estado, de acuerdo con la moderna Constitución, establece no solo la gratuidad y atención en todos los servicios y niveles sino también que garantizará a toda persona que sufra de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, que tienen el derecho a la atención especializada y gratuita en todos los niveles, de manera oportuna y preferente (artículo 50).
El Estado se ha desentendido directamente de este tema y quien asume esta tarea es Solca, institución privada con finalidad social sin fines de lucro. Antes se financiaba con un impuesto a las operaciones bancarias, que no hacía daño ni perjudicaba a nadie por su espíritu de solidaridad. Esta administración eliminó la fuente de recursos con el argumento de que el Estado le compensará en el presupuesto fiscal, sin reparar con experiencia, visión de futuro y hacer escenarios de lo que sucedería cuando exista escasez de recursos. Desde el 2009 se puso el mismo rubro de gasto del 2008 sin tomar en cuenta el notable crecimiento de la demanda y ahora sigue el calvario de rogar el aumento de la asignación, que pese a los ofrecimientos no es atendido.
Según el presidente de Solca, núcleo de Quito, general (r) Solón Espinosa, el Primer Mandatario no les pudo recibir y delegó a los ministros de Salud y Finanzas, quienes hicieron lo que acostumbra la burocracia: crear una comisión para analizar el tema. Han transcurrido varias semanas y no hay respuestas concretas que compensen la creciente demanda.
Esta es la realidad que deben conocer los ecuatorianos para que exijan que se asuma la responsabilidad, que le digan con franqueza al país si están en dificultades fiscales y que no se puede cumplir otro mandato constitucional. Si no es verdad, que pongan de inmediato los recursos. Deben saber que más importante ha sido gastar alrededor de un millón de dólares, según la organización Participación Ciudadana, en la propaganda oficial en el Mundial de Fútbol en contra de los medios de comunicación y ni siquiera en campañas que efectivamente deben emprender en sectores en lo que hay tanto que hacer: salud, educación, seguridad ciudadana y social.