Sebastián Mantilla

Incremento de la inseguridad

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Miércoles 18 de septiembre 2019

No es solamente una percepción. El incremento de los niveles de inseguridad ciudadana en el Ecuador es una realidad.

De acuerdo a la Policía, hay un incremento del número de asesinatos y de delitos del 2018 al 2019. Por ejemplo, el número de homicidios o muertes violentas creció de 543 a 595. El robo a personas de 14.313 a 15.477. El robo de carros de 2227 a 2773. Solo en lo que respecta al robo de domicilios hay una excepción. Del 2018 al 2019 hubo una reducción de 6846 a 5550 casos.

La provincia del Guayas y específicamente la Zona 8 (Guayaquil, Samborondón y Durán) refleja una situación preocupante en lo que respecta al índice de homicidios. De enero a julio de 2019, el número de asesinatos en la Zona 8 fue de 130, Quito 59, Los Ríos 58, Manabí 56, El Oro 40, Esmeraldas 33, Imbabura 17, Pichincha 17 y Azuay 15.

En lo que respecta al robo de bienes, accesorios y autopartes, Quito y los cantones de la Zona 8 lideran las estadísticas. De enero a julio del 2019 se han presentado 1512 casos en Quito, 1497 en la Zona 8, 436 en Azuay, 163 en Tungurahua, 163 en Chimborazo, 129 en Guayas (menos Zona 8), Pichincha 122, Cotopaxi 108, Los Ríos 101 y 100 Imbabura.

A diferencia de otros ámbitos en los cuales es más fácil ubicar las causas de los problemas, en el campo de la seguridad ciudadana es más complicado. En unos casos es la debilidad institucional (policía, fiscales o jueces), leyes que protegen más a los delincuentes que a las víctimas, crisis económica que se convierte en agudización de ciertos indicadores sociales, inmigración no controlada, falta de recursos para seguridad, afianzamiento de bandas locales e internacionales del crimen, entre otros.

Hace pocas semanas la actual Fiscal General del Estado, Diana Salazar, se quejaba de la actuación de los jueces. La Policía cumplió en aprehender a una banda de delincuentes, la fiscalía acusó pero uno de los jueces del Guayas los dejó en libertad. En ese sentido es imperioso que se haga una exhaustiva evaluación de los jueces, separando y sancionando a aquellos que no han cumplido a cabalidad con sus funciones.

Sin embargo, esto no es suficiente. Se requiere reformar el Código Integral Penal (COIP) poniendo penas más duras para casos de robo a mano armada, secuestro…, permitir el uso progresivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional, destinar más recursos para patrullaje y control, dotar de tecnología y medios a la Fuerza Pública que permitan de mejor manera combatir el crimen y la delincuencia, reducir el microtráfico (revisando incluso la Tabla de porta), mejorar la coordinación interinstitucional, presionar para que los municipios trabajen en seguridad ciudadana (literal n) del artículo 54 del Cootad) y ejecutar de manera decidida el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, a cargo del Ministerio del Interior.

La delincuencia y el crimen organizado están ganando terreno. Da la impresión que el Estado, en su desorientación y poca efectividad, está perdiendo la batalla.

smantilla@elcomercio.org