Columnista invitada
La propuesta gubernamental de implementar nuevos impuestos, concretar créditos y procurar el manejo de ciertos fondos considerados privados nos lleva a las siguientes reflexiones:
Los impuestos son un mecanismo de la política fiscal (manejo de ingresos y gastos del Estado), claramente diseñados para variar la estructura de los ingresos del Presupuesto General del Estado.
Se recurre a ellos por dos razones, cuando por ejemplo uno de los impuestos es visiblemente diferente a sus similares regionales o cuando es necesario aumentar el nivel de ingresos, pues los gastos son superiores. En el caso ecuatoriano es público que existe un déficit alto entre lo que está planificado gastar en el 2015 frente a lo que se espera que ingrese a la caja fiscal ese año.
Los últimos meses hemos sido testigos de varias transacciones para conseguir dinero, así, en junio se concretó una operación financiera con Goldman Sachs, en la cual el Ecuador obtuvo USD 400 millones al 4.3% anual, operación que fue garantizada con una parte importante de las reservas de oro nacionales; en ese mismo mes se colocaron en el mercado internacional 2 000 millones de bonos a 10 años, a una tasa del 7.5% de interés anual, colocación facilitada por el FMI; posteriormente, el Fondo Latinoamericano de Reservas -FLAR- aprobó un crédito para el país de USD 617,58 millones a 3 años plazo y finalmente, la empresa norteamericana Noble Américas, acaba de conceder un crédito de USD 1 000 millones a Petroecuador, a 5 años plazo y a una tasa de alrededor del 6%.
La Asamblea aprobó la administración por parte del Biess, de 54 fondos privados, cuyos activos según la Superintendencia de Bancos serían de USD 1 055 millones y está en trámite el proyecto del ley que busca reducir las utilidades de los trabajadores de la telefonía móvil del 15 al 3%, con lo cual el 12%, alrededor de 100 millones. El nuevo Código Monetario dispone que todos los préstamos en entidades del sistema financiero pagarán el 0.5%, así como que el fondo de liquidez (reservas bancarias) pueda invertirse localmente, situación que antes era impedida, pues estos recursos eran utilizados cuando la banca requería solventar problemas inminentes de liquidez.
El déficit fiscal sobre la base de la ejecución presupuestaria publicada por finanzas, sería de USD 7 587 millones, hasta septiembre, sin contar los aproximadamente 4 000 millones que se requieren para capital e intereses de la deuda pública, el déficit total estaría por encima de los USD 11 500 millones.
Voceros del Gobierno manifiestan que no existe falta de liquidez en el Fisco y que todas las operaciones realizadas se orientan a mejorar la gestión pública, lo cual es meritorio. Sin embargo, la pregunta es: ¿Resulta necesario endeudarse, subir los tributos, causar malestar en la sociedad, si realmente no hay necesidad urgente de dinero?