El seguro social tiene un desafío en este nuevo año: o cambia o cambia, porque de lo contrario su situación se va a deteriorar aún más y se enrumba al despeñadero. Necesita una urgente reforma integral y estructural, de la que muchos hablan a su turno cuando llegan a los cargos pero poco hacen en la práctica. A ello se suma la inestabilidad que se refleja cada cierto tiempo por el cambio de autoridades. ¿Qué hacen en concreto durante años -no justificativos, quejas, críticas ni diagnósticos- los delegados de trabajadores y empleadores en el Consejo Directivo en favor de afiliados, jubilados, pensionistas, en salud, servicios, porque son parte del problema?
Cada vez la situación es peor. Sus fondos, especialmente de salud y de pensiones, están casi quebrados y se necesitan ingentes recursos para su recuperación. Se requiere una estrategia y un plan que se apruebe y se exhiba con transparencia, además de reformas legales. Se necesita optimizar sus recursos, reducir su burocracia, que haya transparencia en la información, combatir la corrupción, que tanto le ha afectado y que poco se ha hecho para limpiarla.
Lo más grave es la falta de voluntad política de los gobiernos de turno que se han sucedido para afrontar este problema. Lo que han hecho es poner parches y patear la pelota hacia adelante para que asuma el problema el siguiente hasta que en algún momento estalle la bomba.
Cada año se escucha que faltan balances actuariales actualizados, que se ha conformado una comisión del IESS y del Ministerio de Finanzas para ponerse de acuerdo en las deudas, pero eso demora, se da largas dada la dimensión de las cifras y se evita resolver el problema.
Mientras tanto, los responsables de la crisis, bien gracias; viven en la impunidad. Quienes dirigieron el seguro social, especialmente en los años del nefasto correísmo, que multiplicaron la burocracia, dejaron de pagar el 40 % del Estado para el fondo de pensiones, acumularon la deuda en salud y luego tuvieron la audacia de decir que no había deudas.