En el próximo mes de agosto las organizaciones políticas deberán realizar sus procesos de selección interna para escoger las candidatas y los candidatos que terciarán en las elecciones de 2021. Para la Presidencia de la República suenan al menos unos 24 nombres (tristemente ninguna mujer), lo que anticipa un escenario electoral fragmentado en el que dos candidatos con un poco más del 20% de los votos podrían pasar a segunda vuelta electoral, lo que podría devenir en la elección de un gobernante con poca legitimidad política, causando problemas de gobernabilidad y estabilidad.
En un país polarizado, con poca tolerancia política y lleno de “predestinados” con egos inflados, se ve muy difícil que se llegue a acuerdos que permitan la presentación de frentes unidos para las próximas elecciones. Al contrario, el que exista la posibilidad de que con un 20% se pudiera pasar a segunda vuelta hace pensar a cualquiera que tiene alguna oportunidad de ser elegido.
Sin embargo, frente a la decadencia moral del país, que se ha hecho más evidente en estos tiempos de pandemia, con gente enriqueciéndose a costa de la salud y la vida de otros; con carnés de discapacidad mal habidos y mal utilizados; con escándalos de corrupción que se suceden semana tras semana y que se suman a otros como el caso Sobornos 2012 – 2016, el financiamiento ilegal de campañas o el caso Odebrecht; se debería comprometer a los candidatos, tanto a la Asamblea como a la Presidencia y Vicepresidencia de la República, en el número que fueren, a suscribir y respetar un acuerdo mínimo que permita luchar contra la corrupción.
En este sentido, la Corporación de Participación Ciudadana, junto con otras organizaciones sociales, está promoviendo un Pacto Ético que insta a funcionarios públicos, a actores y organizaciones políticas, a la sociedad civil, a la ciudadanía, a la Asamblea Nacional y a los entes judiciales, de control y de investigación, a actuar con ética, transparencia y rigurosidad frente a la corrupción que campea en el país y contra la tolerancia que muestra un buen número de ecuatorianos hacía la misma. La corrupción debe dejar de ser un resultado esperado en cualquier transacción entre la ciudadanía y los entes estatales.
A este pacto ya se han sumado más de mil personas, pero no es suficiente. Para combatir la corrupción, la mayoría de nosotros tenemos que ser parte de este, obligándonos todos a su cumplimiento, en especial políticos y funcionarios públicos, de cuya gestión en el ejercicio del cargo tenemos que estar vigilantes. También debemos exigir a quienes quieran optar por una candidatura a que se obliguen a su acatamiento como un requisito previo, no legal, pero sí ético, para participar en las elecciones o, caso contrario, castigarlos en las urnas.