Geovanny Tipanluisa

‘Guacho’, la Policía y la frontera

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Primero fueron los chats que un mayor de la Policía intercambió con el narco terrorista alias ‘Guacho’. Ahora, uno de sus milicianos sostuvo en Colombia que los disidentes adquieren ametralladoras y fusiles a la Policía de Ecuador y que este cuerpo de seguridad hace de intermediario para comprar armas en Perú.

La sensibilidad de estas declaraciones obliga a la Fiscalía a profundizar la investigación y determinar si hay uniformados captados por las mafias del narcotráfico.

La Policía, en cambio, está obligada a entregar a los investigadores y al país datos sobre su organización. En esa línea se ha pronunciado esta entidad y ha descartado “categóricamente que al interior de la Policía exista una estructura delictiva”.

Está bien que las autoridades defiendan a sus instituciones, pero dejen que la Fiscalía haga su trabajo. En el 2011, el relator especial de Naciones Unidas para ejecuciones extrajudiciales, Philip Alston, estuvo en el país y cuestionó que la Policía investigue a la Policía. Su recomendación giró en torno a crear un organismo independiente para indagar la participación de agentes en delitos.

Siete años después, es imperante que esa sugerencia de Alston se cumpla a cabalidad y que esa instancia evalúe a los policías que alguna vez estuvieron en la frontera norte.

Que nadie presione a los fiscales que investigan los chats con ‘Guacho’ o a quienes tienen en su poder el expediente en el que se menciona la supuesta compra de armamento.

Es fundamental que todo se aclare, más aún cuando documentos judicializados revelan cómo desde noviembre del 2017 los criminales que pertenecían a las FARC intercambiaban correspondencia y hablaban de “forjar el auténtico Ejército revolucionario”. En Colombia se ha dicho que los armados tienen un plan para refundar la guerrilla marxista.

Entonces, la Policía debe estar depurada para enfrentar problemas que puedan desatarse en la frontera. Lo que se pide es que se cumpla la Constitución (art. 158), que otorga a esa entidad la tarea de proteger a los ciudadanos.