Por recientes informaciones (23 de julio) y por propia percepción, se advierte una leve esperanza de mejores días para nuestro querido país.
Pero no podrá caminar a mayor ritmo si continúa con esta especie de grillete atado a sus pies, formado por la sobreabundante normativa vigente. Si no estoy en error, parece haber escuchado al señor Santiago Guarderas, antes de asumir el lugar número 1, que ha encontrado hasta 2 departamentos de la Municipalidad para la misma labor. Nada difícil –lo decimos por nuestra cuenta- si el Ilustre Municipio capitalino labora con 20.000 empleados aproximadamente. (La Municipalidad de Guayaquil cuenta con 5.181 empleados).
El grillete aludido está compuesto por normas indispensables como la Constitución, las leyes orgánicas, las leyes comunes, las Ordenanzas, la lluvia de Reglamentos y, como derivación, los “Acuerdos Ministeriales” que – en la vida real de la burocracia- tienen tanto valor, o más, que la misma ley.
Un vivo y reciente ejemplo respecto a la abundante normativa, es la disputa para eliminar al Alcalde Dr. Jorge Yunda. Unos, utilizaron la larguísima ley, Cootad; la de Régimen Municipal y alguna más; el Dr. Yunda se amparó en otra legislación propia para la Función Judicial. Lo notable es que cada sector en esta pugna cree tener la razón. El problema se tornó político y dio un espectáculo tan sonado que la gran pelea en la Municipalidad de Quito, podría ser número importante de una Olimpiada. Todo ello, con fondo musical de la política partidista.
Sobre este capítulo negativo (la abundancia legal) han escrito dos periodistas de primera categoría: el Ec. Vicente Albornoz y el Dr. Fabián Corral. El primero, escribió- y está publicado en este Diario- el 24 de febrero y el 3 de marzo de 2019, bajo el título “El país de las mil y mil trabas”. El Dr. Corral, por su parte, presentó varios estudios indicando: “Este artículo es el primero de varios en que se topará los trámites que deben llevar a cabo las empresas y sociedades en general con los municipios, las superintendencias, el SRI, los ministerios, la UAFE y otras instituciones que obligan a quienes quieren producir a destinar una importante cantidad de recursos, a cumplir procesos, trámites, formularios y otros tormentos”. “Veremos trámites y casi no veremos impuestos; o sea, veremos martirios que les cuesta a las empresas pero que casi no le generan ingresos al Gobierno”.
Con menor relevancia, el autor de esta nota, publicó dos artículos: “La casa nueva” (7 de septiembre de 2020); y también el titulado “Legislación Perjudicial”, de fecha 12 de octubre de 2020.
En el primero se revela los problemas de los constructores para la aprobación de planos y emisión de permisos, lo cual induce al interesado a iniciar la construcción de la casa nueva pese al peligro de sanciones futuras.