Es un petroestado que ha trasvasado los fáciles recursos petroleros sin que haya una contrapartida productiva. Es decir, Venezuela es una economía rentista que distribuye los recursos – en forma ineficiente- a una sociedad que vive del Estado. Cuando este populismo de izquierda ha entrado en crisis se afectan la democracia, las libertades y la gobernabilidad.
Desde hace mucho tiempo, los gobiernos de Venezuela institucionalizaron los subsidios generalizados, el consumo frenético y el despilfarro irresponsable. Desde hace 20 años el Estado prácticamente regala gasolina para que funcionen todos los automotores que circulan en ese país, por lo cual los recursos que deberían haber servido para financiar un desarrollo auténtico y sostenible han ido a un tonel sin fondo.
Esta política dispensadora de renta fácil quiso ser corregida por el presidente Carlos Andrés Pérez, pero explotó el ‘Caracazo’, que fulminó cualquier asomo de sinceramiento de los precios de la economía.
Entonces de allí surgió el liderazgo del coronel Hugo Chávez, quien exageró los rasgos del populismo clientelar al interior del país y quiso exportar esa generosidad buscando un efecto político similar en otros países, por una subyacente “sensación histórica” de emular el liderazgo de Simón Bolívar.
El colapso del Estado venezolano, acentuado por la parálisis política entre el Gobierno y la Asamblea, requiere una modificación profunda del manejo económico y no podrá ser revertido por el gobierno de Maduro si no soluciona el déficit fiscal del 20 % del PIB, para lo cual hay que subir impuestos, mejorar la recaudación tributaria y disminuir drásticamente los gastos, lo que ahora es un imposible político.
Si no corrige paulatinamente el desequilibrio fiscal no podrá hacer una política cambiaria apropiada y subsistirán los diversos tipos de cambio, que más bien han enredado el manejo de la economía, empobreciendo más a los pobres, lo que ha causado un efecto contraproducente y alucinante.
Frente al indiscutible desabastecimiento de alimentos y medicamentos debido a los precios artificiales y diferenciados de los bienes esenciales, solo cabe una progresiva liberación general de precios pero el Gobierno chavista no será capaz de hacerlo porque piensa equivocadamente que el Estado puede hacer todo a la fuerza: poner precios controlados, cerrar fábricas en lugar de abrirlas para que haya producción y creer que el estatismo puede sustituir a la empresa privada en el sistema capitalista.
En esta compleja realidad de extremos políticos tan acendrados, es difícil vislumbrar una posibilidad de diálogo y conciliación. Mientras tanto, el pueblo pobre seguirá sufriendo las consecuencias de la ideologización caduca de un gobierno incompetente, peor aún si no se deja al propio pueblo venezolano que resuelva el conflicto político a través del referendo revocatorio.