Ha finalizado 2019 y se han acumulado problemas para la economía, cuya solución en 2020 será muy laboriosa. La atención a los problemas de fondo no ha llegado; no se ha iniciado una estrategia para enfrentar el desempleo, el más grave actualmente; no se ha concebido un programa de recuperación de la actividad económica. Han disminuido la producción y el consumo y las tendencias van hacia un estancamiento o un decrecimiento del PIB.
El país apoyó los esfuerzos para identificar y cuantificar la responsabilidad del gobierno anterior en la utilización de los fondos públicos. La lucha contra la corrupción fue su impronta.
Mientras, se acumulaban los factores que agravan la situación y se dio un giro radical al decidir la suscripción de una Carta de Intención con el Fondo Monetario Internacional. La estrategia económica se orienta hacia el ajuste, al equilibrio fiscal, la reducción del gasto público y del tamaño del Estado, al pago de la deuda, erigida al rango de amenaza. El excesivo gasto en burocracia es su principal argumento. La Carta de Intención se convierte en el único referente. Se consolida así la desaparición total de la planificación, refugiada en formalidad institucional, con la crítica al Estado, juzgado como torpe, dispendioso y corrupto. El mercado sería, en cambio, la garantía de la eficacia.
Por su parte, los sectores llamados a proponer estrategias alternativas no han actuado, o lo han hecho en forma muy dispersa y superficial. No se configuró un discurso que ponga en evidencia la naturaleza profunda de los problemas que por hoy son objeto de tratamientos epidérmicos. El desempleo, por ejemplo, no es un problema individual sino la consecuencia de una disfunción general de la economía y de una organización irracional de la sociedad. El papel del Estado sería, entonces, favorecer la creación de puestos de empleo mediante políticas de apoyo al crecimiento económico en sectores clave, y mejorar la capacidad de consumo de la población. Y la consecución de los recursos deberá ser el resultado de la transparencia sobre los montos que significan el gasto fiscal, es decir el sacrificio del Estado, al no recuperar ingresos debido a exenciones y exoneraciones tributarias, y con un manejo adecuado del sector externo, para el ahorro de divisas.
El año 2020 será un año político centrado en la campaña para las elecciones del 2021. Las condiciones de las que disfrutó el Gobierno con el respaldo a su gestión sin oposición abierta y sin propuestas alternativas se han modificado. Las reformas pendientes –financiera y laboral- serán objeto de negociaciones políticas para conformar alianzas y estrategias, con miras a las elecciones. Mientras tanto las condiciones económicas para la mayoría pueden agravarse. Y la reacción social también… Se perdió la última oportunidad para lograr un consenso mínimo.
Columnista invitado