José Ayala Lasso

Fuerza y debilidad de Bachelet

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Sábado 14 de septiembre 2019

En julio pasado, Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, después de visitar Venezuela, presentó un informe demoledor sobre las atrocidades y abusos cometidos por el régimen de Maduro. Sorprendió así a la comunidad internacional puesto que, hasta ese momento, había mantenido una actitud pasiva y silenciosa.

El informe confirmó la existencia de desapariciones forzadas, encarcelamientos, torturas, represiones violentas protagonizadas por la Policía y por escuadrones de milicias armadas, todo ello en el ambiente de crisis económica y política que ha producido el éxodo imparable de millones de venezolanos.

Ahora, en su segundo informe ante el Consejo de Derechos Humanos, la Alta Comisionada ha reiterado que los abusos del régimen no han disminuido, que las desapariciones forzadas suman más de 700 y que Maduro no ha efectuado los cambios que ella le exigió y que este aceptó para reducir la represión. La policía y las hordas de civiles armados siguen martirizando al pueblo cuyas frustraciones y temores aumentan ante la permanente violación de sus derechos. Según la señora Bachelet, el mismo patrón de conducta identificado en su primer informe sigue vigente, sin que existan “mecanismos de protección efectiva para los testigos y familiares de las víctimas”.

Han pasado meses desde cuando la comunidad internacional, abrumada por las pruebas, decidiera condenar las atrocidades de Maduro y reconociera a Guaidó como legítimo presidente de Venezuela. A todas estas críticas, Maduro sigue respondiendo con su usual cinismo. Más aún, sus desplantes le demuestran dispuesto a usar cualquier recurso para permanecer en el poder. Ha estimulado la reacción nacionalista del pueblo hablándole de una conspiración del imperialismo y ha entregado armas a 500 mil milicianos y movilizado su ejército a la frontera con Colombia, cuyo presidente se ha limitado a responder que no caerá en las provocaciones de Maduro pero que, en caso necesario, sabrá defender la soberanía de su país.

Los estados partes del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca firmado en 1947 -denunciado por el Ecuador en 2014- se han reunido para considerar el caso de Venezuela y han resuelto convocar a una reunión de consulta para examinar la crisis. Veo, con preocupación, que se avecina la posibilidad política de adoptar medidas compulsivas, excluyendo tal vez la acción militar. Sería condenable ceguera desconocer la influencia que puede ejercer la primera potencia mundial cuyo volátil presidente acaba de cancelar al más grande halcón de la política externa de Washington, el señor Bolton. ¿Qué significan tal cambio y el restablecimiento de la pretendida nueva vigencia del TIAR? He allí la pregunta a la que sería, por el momento, aventurado responder.

jayala@elcomercio.org