Han transcurrido pocos días desde que el padre dominico José Carlos Tuárez asumió la Presidencia del Consejo de Participación Ciudadana y ya afronta varias acusaciones, que hasta podrían causarle la destitución del cargo.
Las inculpaciones, que están en manos de la Asamblea Nacional y de la Fiscalía General, van desde perjurio y suplantación de documentos hasta violación de la Constitución; en su mayoría se refieren a datos que constan en su hoja de vida, que ha presentado al Consejo Electoral para su inscripción como candidato a miembro del Cpccs, y que han sido desmentidos y desautorizados por superiores de la comunidad religiosa a la que pertenece.
Otras acusaciones, en las que tendría complicidad el anterior CNE, se refieren al incumplimiento de la prohibición constitucional para que miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía en servicio activo, así como de organizaciones religiosas desempeñen cargos públicos, y de la disposición expresa de los prelados de la Iglesia Católica y del Prior del Convento de Dominicos de que no use el hábito en sus actividades políticas, pese a lo cual continúa con el alzacuello, etc.
También se le ha reprochado al arrogante sacerdote su advertencia de que, dada su autoridad, no hablará con funcionarios de menor jerarquía, y el quebrantamiento de los votos de obediencia, pobreza y castidad, pues, ha declarado que su patrimonio es de 372.000 dólares y, a renglón seguido, una señora, ibarreña, de 71 años, ha revelado que le ha entregado sus ahorros; que ha comprado una casa en Crucita, Manabí, en su nombre y “a medias” un camión, para alquilarlo. El reverendo ha replicado, con cierta dosis de cinismo, que “de algo tenía que vivir”…
El vicepresidente del Consejo Nacional Electoral recordó que, según la ley, uno de los requisitos para ser candidato a consejero del CPC es no pertenecer un partido por lo menos cinco años antes y que fray José Carlos ha solicitado a la Delegación del CNE de Guayas recién el 7 de agosto del 2018 que se registre su desafiliación/renuncia del Partido Socialista y que ha sido inscrito como candidato el 19 de noviembre. El religioso refuta que ésta ni ninguna otra objeción se ha presentado como recusación a su candidatura y que se trata de una persecución mediática.
También ha manifestado que el Cpccs transitorio ha cometido abusos e irregularidades, por lo que está consultando a constitucionalistas para que le asesoren sobre la forma en la que se puede desbloquear el blindaje impuesto por la Corte Constitucional, a fin de rever las resoluciones de ese organismo, pero, así mismo, algunos personajes e instituciones se hallan empeñados en la eliminación definitiva de tan polémica institución o, por lo menos, la modificación o limitación de sus atribuciones, con el agravante de que ha sido muy cuestionada la elección popular que se cumplió por primera vez.