Thalía Flores y Flores

El fracaso de la Judicatura

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Jueves 11 de octubre 2018

Columnista invitada

El cantante Gerardo Morán, conocido como “el más querido”, tenía que ir a Europa para ser parte del show en la sabatina que Rafael Correa realizaría en España, pero una prohibición de salida del país lo impedía. Ante semejante apremio, un funcionario del Consejo de la Judicatura pide al juez Juan Cadena, que conocía la causa, cancele de inmediato tal prohibición. Como el juez anuncia que, respetando los plazos, lo haría en tres días, ocurre lo insólito: La noche del 25 de enero de 2017, Cadena recibe un email en el que se le notifica que, al día siguiente, tendría tres horas de licencia. Y así fue. Cuando llega a su despacho su puesto estaba ocupado por la jueza Gina Solís, diligente funcionaria que, en menos de 20 minutos, cancela la prohibición de salida del país de Morán, quien pudo viajar a Europa para cantar junto a Correa.

La revelación hecha por Teleamazonas es prueba incontrastable de cómo actuó la justicia y su órgano administrativo durante el correato. Hoy, el juez Juan Cadena, que después de estos sucesos, tuvo cuatro sumarios administrativos, en 12 meses, y debió dejar su carrera judicial de 24 años, clama justicia.

Justicia piden también quienes fueron marginados de los concursos de jueces porque el poder político no les quería. Así revelaron filtraciones de unos correos presentados en el programa Factores de Poder, de la periodista venezolana Patricia Poleo, en agosto de 2017. Los nombres que tenían el beneplácito se coloreaban con verde; el de los “peligrosos”, que debían ser excluidos, con rojo. Carondelet controlaba la justicia.

Los ecuatorianos que habían tomado conciencia de lo atroz de una justicia sometida al poder político, apoyaron la consulta popular, de febrero de 2018, porque también implicaba propiciar su independencia. La tarea fue encomendada al Consejo de la Judicatura de transición, el cual no ha estado a la altura de la historia.

Enredados en sus propios intereses, personajes de reconocida reputación repitieron los errores repudiados por los ecuatorianos, al pretender injerir en la justicia. Triste metáfora de un país con una justicia sempiternamente secuestrada.

Tampoco sus discrepancias fueron ventiladas con talento para diferenciarse de la década de los alza manos y sus unanimidades, e hicieron olas en las que se ahogó el mayor objetivo de su tarea: evaluar a la Corte Nacional de Justicia. Por eso, siguen los mismos jueces que sirvieron al poder político y se coludieron para sancionar a defensores de los derechos humanos, a contradictores y a quienes fastidiaban al mandamás. Y, lo más grave, han propiciado lo inverosímil: que esta Corte Nacional sea una de las instituciones que envíe una terna para elegir a la Judicatura permanente que, a su vez, los evaluará.

“Fue un error nombrar a la Judicatura transitoria”, dijo, a este Diario, Pablo Dávila, del Consejo de Participación Ciudadana que los designó. Error. Y un fracaso.