El segundo grupo de preguntas planteadas por el presidente Guillermo Lasso en la próxima consulta popular versan sobre la democracia.
Aunque es importante que se incluyan en una consulta aspectos políticos e institucionales, las tres preguntas no tienden a mejorar el funcionamiento del régimen político.
Si se observa con atención cuáles han sido los principales problemas que han afectado al país desde el retorno a la democracia en 1979, se podría mencionar los siguientes: instabilidad política y falta de gobernabilidad por conflictos entre legislativo y ejecutivo, incremento de la corrupción y toma de las instancias de control por parte de grupos de poder, excesivo número y mal funcionamiento de los partidos políticos, entre otros.
No obstante, el planteamiento de reducir el número de asambleístas no soluciona la pugna de poderes. A este respecto, se ha planteado como alternativa que la función legislativa sea bicameral (con un Senado de alto nivel). También que las elecciones de la Asamblea sean en segunda vuelta y aseguren, hasta cierto punto, mayor gobernabilidad.
De igual modo, la pregunta que exige a las organizaciones políticas contar con un número de afiliados equivalente al 1,5% del registro electoral es inoficiosa. Repite lo que ya dice el Art. 109 de la Constitución. Si el objetivo es reducir el número de partidos (que hoy ronda en los 300) debería exigirse un porcentaje mayor. Es decir, que los umbrales para la creación y eliminación del registro electoral sean mayores.
Tampoco se va a fortalecer la democracia con la tercera pregunta. Está bien con quitarle al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social la facultad de designar autoridades de control. No obstante, plantear que éstas sean nominadas a partir de ternar presentadas por el ejecutivo es un despropósito. Incluso un engaño y una burla. Sería como tener fiscales, contralores o jueces dependientes del poder ejecutivo. Con estas preguntas, Lasso no soluciona los problemas sino que incluso agudiza la crisis de la democracia en el Ecuador.