Si se le creyera todas las declaraciones que viene formulando el ex Contralor, fugado a Miami, significaría que el país vivió en los diez años del correísmo un régimen cleptocrático, podrido por tanto acto de corrupción, con pleno conocimiento del ex Presidente, que con autoritarismo y prepotencia tapó y controló todos los poderes, incluida la administración de justicia. Pero hay otros testimonios. Según el Defensor Público General, desde la justicia se protegió la corrupción institucionalizada en el gobierno anterior. Hubo impunidad. Hasta hoy, desde el 2009, están libres los come cheques.
Escuchar tanto hecho, con la danza de millones y millones de dólares en gastos reservados, que sirvieran para espiar a quienes eran críticos del régimen o no agachaban la cabeza ante tanto abuso y arbitrariedad. Danza de millones en la compra de equipos militares, en medio de una situación escuálida y de urgentes necesidades para contar con una capacidad operativa mínima de FF.AA., frente a las amenazas en la frontera norte. Compra de vehículos particulares de lujo con billetes en mano porque sabían que estaban protegidos. Contratos por cientos de miles de dólares con parientes de cercanos al ex Presidente para realizar encuestas en lugar de usar los gastos reservados a fin de hacer inteligencia y desbaratar a las bandas criminales desde Colombia, que hoy causan terror en nuestro territorio.
De ese ex Contralor habló bien en su momento el ex Presidente, que mantuvo engañados y enceguecidos a tanto ovejuno, mientras sus compañeros de la revolución ciudadana actuaban a sus anchas en las diversas instituciones, sin controles en el uso de los recursos públicos. ¿Resulta verosímil creer que quien controlaba hasta lo último no sabía nada del festín que se daban sus protegidos? Vivieron la década ganada pero para ellos. Los entes de control, la Fiscalía y la justicia están en la obligación de auditar, investigar y en el debido proceso, con derecho a la defensa, identificar a todos los responsables de tanto acto que se les desbordó de las manos.
El ex Contralor tiene responsabilidad en los hechos porque no denunció públicamente en su momento y con su silencio fue cómplice de tanta irregularidad que ha denunciado recién hoy. Por qué no reclamó públicamente al ex Presidente lo que había perdido el control por tanto acto de corrupción. También tiene responsabilidad el ex Procurador, que no ejerció a cabalidad el cargo de abogado del Estado durante la década, cuando debió actuar con firmeza y oportunamente en los contratos del sector público. Qué decir de las Superintendencias. A todos los que quedan, incluida la administración de justicia, el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, por mandato popular, tendrá que evaluarles, pedirles cuentas y sacarles a los que hayan incumplido su trabajo.
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