La única garantía que tienen las personas (tanto naturales como jurídicas) de que se respeten sus derechos y libertades son las leyes que norman nuestra convivencia y relaciones. Solo así se puede asegurar que tengamos orden, justicia e igualdad. Es por eso que cuando se atenta contra la ley o se hacen interpretaciones deliberadas estamos rompiendo este contrato básico que nos permite vivir en sociedad.
Hoy se viene discutiendo en la Primera Sala Civil de la Corte Provincial de Justicia del Azuay una acción de protección en relación con las actividades del proyecto minero Loma Larga. Se argumenta que, como parte de la ejecución del proyecto, se estarían vulnerando los derechos al agua, naturaleza, buen vivir, seguridad jurídica y consulta previa, libre e informada.
En primera instancia el juez constitucional resolvió desestimar 4 de las 5 acusaciones, dado que las pruebas presentadas por la parte demandada, Dundee Precios Metals empresa a cargo del proyecto, fueron contundentes, especialmente con respecto a derechos de la naturaleza. Sin embargo, el juez tuvo una duda sobre la existencia de comunidades o nacionalidades indígenas en la zona de influencia; por lo que sugirió que el Estado realice el procedimiento de consulta previa.
Ya en segunda instancia se presentaron estudios antropológicos y sociológicos de descargo que prueban, más allá de cualquier duda, la ausencia de comunidades indígenas; por lo tanto, no procedería la consulta previa.
Pese a la extensa evidencia presentada por la empresa y los vacíos de información que más bien tiene la parte demandante, se vislumbra la posibilidad de que se acepte la vulneración de los cinco derechos y, por lo tanto, se ponga en riesgo el desarrollo de un proyecto clave para todos.
Este escenario representaría una afectación a los derechos adquiridos por la empresa. Recordemos que la concesión de Loma Larga data del año 1999, y dado que la ley no es retroactiva, no aplicarían los cambios normativos recientes. Además, es un atentado contra la seguridad jurídica, en tanto genera incertidumbre y falta de estabilidad en el marco legal.
Al desconocer derechos adquiridos de un privado no solo nos enfrentamos a consecuencias legales, sino que privamos a nuestro país de una inversión de USD 500 millones, miles de puestos de trabajo directos e indirectos, una gestión moderna del medio ambiente que no perjudica el agua de las fuentes cercanas, y prevenimos que estas riquezas naturales caigan en manos de los ilegales que solo generan violencia y contaminación.
Y mucha atención pues también existe la posibilidad que la sala solo ratifique la sentencia de primera instancia, solicitando que la empresa realice la consulta previa, libre e informada; sin embargo, este es un proceso que todavía no está regulado en Ecuador, por lo que se afectaría igual el desarrollo del proyecto generando las acciones antes descritas. Ello sin olvidar que la empresa ya tiene por mandato de ley la realización de un Plan de Participación Ciudadana que justamente garantiza la comunicación y diálogo con las comunidades.
La sala encargada tiene mucha responsabilidad entre sus manos. No solo decidirán si nuestro país es un territorio en el que se respetan las normas básicas y es estable jurídicamente, sino que también impactarán en el futuro desarrollo económico nacional, aspecto fundamental para salir de la crisis mundial en la que nos encontramos.