¿Exageró Oswaldo Hurtado?

Las recientes declaraciones del expresidente Oswaldo Hurtado, al afirmar que en el Ecuador existe una dictadura y que buena parte de la población tiene miedo de expresar libremente sus opiniones, provocaron una intensa controversia. Lo preocupante no fue el desacuerdo, sino la rapidez con la que muchos optaron por descalificar a la persona antes que analizar y discutir sus argumentos. Algunos, incluso, admitían públicamente no saber quién era Hurtado mientras  cuestionaban su credibilidad y razonamientos.

Ese hecho merece una reflexión. Es perfectamente legítimo discrepar de las palabras del expresidente. De hecho, calificar al Ecuador como una dictadura quizás constituye una afirmación excesiva. Nuestro país mantiene elecciones relativamente competitivas, pluralidad política y medios de comunicación y espacios de deliberación pública que, pese a sus sombras y dudas, lo diferencian de las dictaduras.

Pero una cosa es considerar exagerada una expresión y otra muy distinta es descalificar a quien la pronuncia. Oswaldo Hurtado no es una persona improvisada ni un actor político circunstancial. Fue vicepresidente constitucional, asumió la Presidencia de la República tras la trágica muerte de Jaime Roldós y, durante más de cuatro décadas, se ha consolidado como uno de los intelectuales y analistas políticos más respetados del Ecuador, autor de varios libros. Si hay una característica que difícilmente puede ponerse en duda en Hurtado, es su honestidad intelectual y personal. En una época marcada por el descrédito de la política, esa autoridad moral merece, al menos, que sus argumentos y sobre todo la esencia de los mismos, sean escuchados con respeto y prudencia.

Ahora bien, también existe una tesis distinta que no puede ser ignorada. Hay quienes sostienen que el Ecuador enfrenta una crisis de tal magnitud —marcada por la violencia del crimen organizado, la fragilidad institucional y la urgencia de recuperar el orden— que un gobierno necesita ampliar temporalmente su margen de acción para garantizar la gobernabilidad. Desde esa perspectiva, ciertas decisiones que generan tensión con los equilibrios institucionales, pudieran ser un costo inevitable para enfrentar una amenaza extraordinaria.

Esto no es una idea nueva. La historia política tiene debates sobre el delicado equilibrio entre libertad y seguridad. El caso más citado en la región es El Salvador. Allí, el presidente  Bukele ha sido objeto de cuestionamientos por el fortalecimiento del poder ejecutivo y por medidas excepcionales en materia de seguridad. Al mismo tiempo, es innegable que millones de salvadoreños perciben una transformación profunda en su vida cotidiana gracias a la drástica reducción de la violencia. Para muchos de ellos, este resultado explica y justifica el amplio respaldo popular y democrático que goza el gobierno.

Precisamente allí aparece la pregunta que el Ecuador aún no logra responder. Si una democracia decide aceptar temporalmente una mayor concentración de poder para superar una crisis excepcional, esa decisión sólo puede encontrar legitimidad si produce resultados igualmente excepcionales; y, en la medida de que dicha circunstancia tome distancia de los conflictos de interés, manteniendo como norte principal la recta intención.

La excepcionalidad nunca puede convertirse en un estado permanente ni descansar únicamente en la confianza hacia quien gobierna. Debe justificarse por sus resultados,   mantenerse  dentro de los límites del Estado de derecho y por la honestidad de sus gobernantes.

En el Ecuador, después de tres años de gobierno, el debate permanece abierto. Existen avances que algunos reconocen y otros cuestionan. Pero también persisten desafíos en materia de seguridad, institucionalidad, desarrollo económico, independencia de poderes y aplicación imparcial de justicia. Precisamente por ello, las inquietudes planteadas por Oswaldo Hurtado no deberían ser descartadas como simples exageraciones ni respondidas con descalificaciones personales.

Tal vez el expresidente eligió una palabra discutible. Tal vez el Ecuador no sea una dictadura en el sentido estricto de la palabra. Pero eso no significa que debamos dejar de preguntarnos por la salud de nuestra debilitada democracia, por la independencia de sus instituciones y por los límites que una sociedad libre está dispuesta a aceptar en nombre de la eficacia.

Las personas pasan. Los gobiernos también. Las instituciones, en cambio, son las que terminan definiendo el futuro de una nación. Y quizá una importante enseñanza de esta polémica no consiste en decidir si Oswaldo Hurtado se equivocó en el término utilizado,  sino en comprender que las democracias no se debilitan porque un expresidente exprese una opinión que pueda ser incómoda; ni se debilitan solamente por las decisiones del gobernante de turno, sino que se debilitan también cuando la sociedad no escucha con respeto y atención  aquellas voces con las que no está de acuerdo, y con mayor motivo cuando provienen de hombres cuya trayectoria ha estado marcada por su compromiso con la Democracia y con la República.

Nota: al terminar esta columna viernes 31-7-26,  escuché una entrevista a Hurtado, en la cual rectifica el término de “dictadura” a “cripto dictadura”. Significado: Mantiene apariencia de democracia, pero está vacía de contenido.