Otro episodio de mediocridad y corrupción es el manejo de los medios que, bajo el membrete de públicos, estuvieron al servicio del correísmo. Lo ha denunciado Andrés Michelena, gerente general de esos medios. Antes que seguir un comportamiento ovejuno para el ocultamiento, el disimulo y la complicidad, ha destapado las escandalosas cifras en rojo de los canales de televisión incautados: Gamavisión y TC Televisión, que alguna vez fueron rentables, acumulan pérdidas por más de USD 23 millones. Solo la transmisión de las sabatinas durante la década representó para Gamavisión una perdida de más de USD 5 millones. Ecuador TV registró en 2011 un perjuicio de casi USD 3 millones por la compra de 46 equipos para llevar la señal a poblaciones de la Amazonía. Los transmisores se hallan todavía “apilados y ya caducos en una bodega alquilada”. De los 17 000 ejemplares del tiraje de El Telégrafo, el 65% regresaba en devoluciones: “seis de cada diez ejemplares impresos iban a la basura”, lo cual ha dejado pérdidas mensuales por USD 35 000. Estas son, entre otras, algunas de las cifras “ejemplares” de la administración de esos medios.
Aprovecharse del poder o de los recursos públicos en beneficio de personas o de grupos particulares es corrupción. El correísmo se sirvió en su provecho de los medios en manos del Estado. Fueron bastiones de propaganda del anterior gobierno y de ataque a críticos y opositores. Michelena lo ha señalado: se manejó a los medios públicos e incautados “de manera propagandística y mediocre, dispendiosa e indolente”; en ellos “se produjo una vergonzosa manipulación de sus contenidos editoriales”.
Destapar la mediocridad y podredumbre no es suficiente. Quedan pendientes varias tareas. La primera, establecer responsabilidades de ese manejo que ha conducido hacia la quiebra a los canales incautados, y de las graves negligencias, irregularidades y la corrupción en esos y los otros medios. Urge sentar a los responsables, con nombres y apellidos, ante los jueces. La segunda, desmontar el monopolio estatal de medios. Ya en 2011 Reporteros sin Fronteras preguntaba al presidente Correa por el destino de los 12 medios incautados, además de los siete con estatus público; y advertía la imposible convivencia del pluralismo con el acaparamiento de medios estatales. No es una sorpresa lo que ha pasado. La tercera, es la ofrecida auditoría y valoración de esos medios. La cuarta, conseguir que sean en realidad medios públicos, que sirvan a los ciudadanos y no al gobierno de turno. Hay que discutir una Ley que asegure su funcionamiento pluralista y autónomo. “Que nunca más vuelva al Ecuador al estado de propaganda disfrazado de información”, es la condición que ha puesto el presidente Moreno para reestructurarlos. Se le debe tomar la palabra.