La escasez de placas, que desde el 2015 afecta a los propietarios de vehículos, llegó a instancias judiciales y la situación se complica. De por sí este tema alarma al usuario y ahora la Fiscalía tiene abiertos dos expedientes e investiga si en la adquisición de láminas para imprimir las series se cometieron delitos como concusión, tráfico de influencias y cohecho.
En una de las causas se dice que el contrato para comprar el material favoreció a una sola empresa y se explica que el ganador aparentemente no tiene experiencia en la fabricación de placas ni tampoco certificados de seguridad para su producción.
En otra, la Comisión Anticorrupción señala un presunto pago en exceso.
Que se aclare todo, pues estos hechos lo único que han provocado es que los contratos se frenen y que no se supere la falta de placas a escala nacional. Por ahora, este material se elabora en una fábrica del sur de Quito. Allí el proceso se realiza de forma manual y mecánica, pero no automatizada.
En las provincias, la única respuesta para los usuarios es que se hizo el pedido a Quito y que no se envían las placas. En mayo pasado ya había retrasos en 19 municipios, mientras las quejas se multiplican.
En el caso de Quito se pueden ver las primeras secuelas: de enero a julio de este año, 4 014 vehículos han sido sancionados por no portar las placas reglamentarias. Y la amonestación no es poca cosa. El Código Penal (art. 389) establece multas del 30% de un salario. Esto significa USD 112. Además, una reducción de seis puntos en la licencia.
La ANT señala que las posibles irregularidades se cometieron en anteriores administraciones. De hecho, dos de las cinco personas señaladas ya no trabajan en la entidad.
Por ahora, la Agencia ofrece solucionar el problema hasta diciembre. Mientras tanto, en la capital la autoridad ha permitido que las placas impresas en papeles tengan una vida útil de hasta seis meses. Es necesario que se encuentre cuanto antes una solución definitiva a esta problemática.