Entre la norma y la realidad                                                                                 

Una de las claves del desarrollo que las estadísticas económicas no siempre consiguen mostrar. Dos países pueden disponer de recursos semejantes, poblaciones comparables e incluso constituciones inspiradas en los mismos principios, y obtener resultados radicalmente distintos. Lo decisivo no es solamente lo que las leyes declaran, sino lo que los ciudadanos esperan que ocurra cuando esas leyes deben aplicarse. La distancia entre la institución escrita y la institución vivida explica buena parte de la diferencia entre las naciones.

Una constitución puede proclamar la igualdad ante la ley, pero esa igualdad solo existe cuando el ciudadano sin poder confía en que será protegido frente a quien sí lo tiene. Puede reconocer el derecho de propiedad, pero ese derecho solo se vuelve efectivo cuando una persona sabe que el fruto de su trabajo no dependerá de una decisión arbitraria. Puede defender la libertad de expresión, pero esa libertad solo forma parte de la cultura cuando la discrepancia deja de ser percibida como una amenaza. Las instituciones verdaderas comienzan allí donde la norma se convierte en expectativa y la expectativa en conducta.

Esto ayuda a comprender por qué copiar modelos ajenos produce resultados tan limitados. Durante décadas, muchos países han intentado trasladar instituciones que funcionaron en otros lugares, convencidos de que bastaba reproducir su diseño jurídico o administrativo. Sin embargo, una institución no es una pieza mecánica que pueda retirarse de una sociedad e instalarse en otra. Está sostenida por hábitos, experiencias, equilibrios de poder y acuerdos que no siempre son visibles. Lo que puede copiarse es la forma. Su legitimidad, en cambio, debe construirse.

Las experiencias internacionales importan, pero no como catálogos de soluciones. Importan porque permiten observar los procesos mediante los cuales diferentes sociedades enfrentaron problemas que, en algún momento, parecían insuperables. Suiza no nació con los niveles de confianza, estabilidad y prosperidad que hoy la distinguen. Su sistema político fue el resultado de siglos de negociación entre comunidades celosas de su autonomía, obligadas a encontrar mecanismos para convivir sin renunciar a sus diferencias. La descentralización, el federalismo y la democracia directa no aparecieron como adornos institucionales. Fueron respuestas históricas a la necesidad de limitar el poder y mantener unida una sociedad diversa.

Singapur tampoco podía confiar en la extensión de su territorio, en la abundancia de sus recursos naturales ni en la protección de una posición geopolítica confortable. Su supervivencia dependía de transformar vulnerabilidad en disciplina, educación y apertura al mundo. Israel, por su parte, comprendió que el conocimiento, la innovación y la capacidad de organizar el talento podían convertirse en recursos nacionales tan determinantes como la tierra o las materias primas. En cada caso, la prosperidad fue precedida por una definición colectiva de prioridades.

Nada de esto significa que esos países deban ser idealizados. Todos tienen contradicciones, tensiones y problemas propios. Ninguna sociedad constituye un modelo acabado y ninguna experiencia puede trasladarse íntegramente al Ecuador. Lo relevante es comprender que sus resultados no fueron producto del azar. En algún momento decidieron qué capacidades debían cultivar, qué instituciones necesitaban proteger y qué sacrificios estaban dispuestos a realizar para sostener una visión que trascendiera la urgencia del presente.

Esa continuidad es quizá uno de los recursos más escasos de la política contemporánea. Las democracias necesitan alternancia, pero la alternancia no debería significar que cada gobierno vuelva a fundar el país. Una nación madura distingue entre aquello que puede cambiar legítimamente con las elecciones y aquello que debe mantenerse porque constituye un acuerdo fundamental sobre su futuro. Los gobiernos administran períodos; las sociedades construyen trayectorias.

Cuando esa distinción desaparece, la política queda reducida a una sucesión de comienzos. Cada administración modifica las prioridades, reemplaza equipos, descarta proyectos y desacredita lo realizado por la anterior. El país se mueve, pero no necesariamente avanza. Consume recursos en reconstruir capacidades que ya había desarrollado y pierde tiempo discutiendo nuevamente decisiones que deberían haber alcanzado cierto grado de estabilidad. La falta de continuidad termina siendo una forma silenciosa de empobrecimiento.