De regreso a mis columnas en este medio de comunicación. Agradezco a sus directivos por su apertura y confianza.
El 10 de febrero de 2003 el Ecuador firmó el último acuerdo con el FMI y los multilaterales en un formato stand by, es decir, a un plazo de 13 meses. Hace pocos días y luego de 16 años, el actual gobierno ha suscrito un nuevo convenio con el FMI a 3 años plazo y bajo la denominación de Facilidad Extendida. En ambas fechas el país requería apoyo internacional por la falta de liquidez aunque los orígenes de los problemas no eran iguales. Los países que recurren al FMI son aquellos con problemas económicos, sobre todo en su sector externo. En el caso del Ecuador, por ser un país dolarizado, el sector externo está mucho más vinculado al sector fiscal y monetario. Por tanto, es un problema mayor. Si no se quiere acudir a estos organismos, se debe manejar la economía adecuadamente.
La macroeconomía del 2019 presenta múltiples problemas derivados de los excesos de más de una década que se pueden resumir en: un tamaño del Estado que se duplicó al pasar el gasto público del 21% del PIB a cerca del 40% del PIB, déficit fiscales permanentes y crecientes al punto de llegar al 8% del PIB este año, incrementos desmesurados de la deuda pública, sobre todo externa, en condiciones onerosas y de plazo corto, reservas internacionales insuficientes para cubrir los compromisos del BCE y sustentar la dolarización, una inversión extranjera frente al PIB de las más bajas de la región, el segundo mayor riesgo país de América Latina, costos de producción incompatibles con la competitividad de la economía, un déficit de cuenta corriente superior a los USD 1.400 millones, una liquidez sustentada fundamentalmente en cada vez mayor deuda externa, atrasos fiscales superiores a los USD 2.500 millones con todo tipo de acreedores del Estado, etc. Ese escenario hacía prácticamente imposible restablecer la estabilidad, atraer inversión privada y recuperar el crecimiento y el empleo sin apoyo internacional.
El FMI no es ni la salvación total ni el responsable absoluto de todos los males. Es un instrumento válido que utilizan los países, bajo condiciones racionales, que permite sortear de mejor forma una crisis económica y recuperar la senda del crecimiento. Con o sin FMI el país tenía que adoptar ciertas decisiones, sin duda acciones duras algunas de ellas, pero necesarias. La diferencia es el financiamiento que requerimos y el mensaje que necesitamos para mejorar nuestra deteriorada imagen internacional.
No podemos darnos el lujo de incumplir este programa, pues no solo la señal sería pésima, sino que se cortaría el financiamiento externo y el país se vería abocado a volver al círculo vicioso de más deuda en condiciones totalmente desfavorables.
Columnista invitado