Al cabo de ocho años, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió sentencia disponiendo que el Gobierno de Venezuela devuelva la señal de Radio Caracas Televisión (RCTV), cuya frecuencia fue cancelada en mayo del año 2007.
El presidente de la Asamblea venezolana, Diosdado Cabello, aseveró que es inadmisible esa devolución y, en términos más bien vulgares, según la Agencia de Noticias France Press, expresó: “Esa sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, agárrenla, la doblan bien y se la meten en un bolsillo”.
Al parecer, la altura del poder provoca mareos tan fuertes que, en nuestro país, también la Presidenta de la Asamblea manifestó que los pobres deben comer pan y los ricos …
La Secretaría de Comunicación ha iniciado un proceso para disolver Fundamedios, una entidad que se preocupa de la libertad de expresión y critica las sanciones en contra de los comunicadores.
La Resolución de la Secom es, en la práctica, definitiva, se ejecuta; aunque, como todo acto administrativo, es apelable.
También un juez podría suspender la resolución o revocarla si se la plantea como acción de protección. La pregunta es ¿cuándo?
Pero lo que aún no ha sucedido y es posible, según esta Ley, es que, además de las sanciones económicas, el funcionario administrativo tiene capacidad de remitir el caso a la Fiscalía (órgano penal) para investigación de un presunto delito.
¿Por qué la preocupación? Porque la misma Asamblea revolucionaria actual, al emitir el Código Orgánico Integral Penal, creó el delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, con pena de cárcel de uno a tres años.
¿Exageración? No. Recordemos la opinión del expresidente Dr. Andrés F. Córdova: “En política es posible tostar granizo”.
¿Cuántos periodistas podrían ir a la cárcel? Es oportuno recordar lo que la Asamblea de Montecristi, hecha a medida de la revolución ciudadana, aprobó a propósito del indulto a condenados por tráfico de estupefacientes: “Que, la pérdida de la libertad, origina la desintegración, desestabilización social y económica de las familias”, etc.
Pregunta: ¿no se desintegrarán también las familias de quienes pierden la libertad por cuestiones políticas e ingresan a las cárceles?
¿Acaso no es materia política la actitud de los ecuatorianos de la Conaie y más organizaciones políticas que, con sus desfiles y expresiones de protesta, se oponen en particular a la aprobación de unas “enmiendas” de la Constitución para hacer posible la reelección indefinida de funcionarios?
El Presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa,(SIP), en Quito invocó al presidente Correa a reflexionar sobre que “La libertad de expresión no es un derecho humano que puede ser censurado, confiscado o disuelto”.