Andrés Vallejo

No encubrir

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Cuando se comete un crimen, el undécimo mandamiento es No encubrir. Las incidencias sobre el asesinato del general Gabela pueden configurar, cada vez más evidentemente, encubrimiento.

Asesinado en diciembre de 2010, las autoridades informaron que se trataba de un homicidio delincuencial común, descartando alguna relación con su oposición a la contratación de los Dhruv, helicópteros que colapsaron, el primero en un acto conmemorativo de las Fuerzas Armadas y otros tres en poco tiempo más. Tres están fuera de servicio, entre esos el que servía de transporte presidencial, hay que entender que para no exponer a la muerte a pilotos y tripulantes.

La perseverancia de la esposa del general Gabela para que se descubran los móviles y los autores intelectuales del asesinato de su esposo, hizo que el Gobierno contratara a un perito internacional de apellido Meza. El Gobierno anterior declaró que las conclusiones descartaban otro móvil que el meramente delincuencial. Con el tiempo, Meza dijo que el informe publicado por el Gobierno no estaba completo y reveló que recibió pedidos de funcionarios para modificarlo en ciertos contenidos. Ha dicho, también, que su informe concluye que el crimen no se debió a razones simplemente delincuenciales.

Ahora resulta que el informe no está en ninguna parte, ni una copia en poder del perito, lo que resulta incomprensible e inaceptable. Por propia confesión se sabe que lo conocieron muchos ministros y altos funcionarios gubernamentales. El entonces ministro de Justicia y luego del Interior, dice que fue entregado al Presidente de la República.

No es posible que tantos funcionarios que recibieron el informe desconozcan su contenido. No es posible que permanezcan callados. No es posible que no estén conscientes de la gravedad de su silencio. Se trata de un crimen. No de cualquier acto de gobierno que se silencia por conveniencia política.

Un asesinato que -es imposible no sospecharlo- tendría que ver con la contratación de los helicópteros. Con intereses económicos cuantiosos. Contratación que tuvo la conocida oposición del general Gabela y que resultó perjudicial para los intereses del Estado, si se estrellaron cuatro de las siete naves adquiridas, al margen de si los pagó o no el seguro.

Al levantar el presidente Moreno la confidencialidad del contrato, se acaba el pretexto de la reserva. A más de que el informe completo debe aparecer, quienes lo conocieron tienen la obligación de revelar su contenido. No hacerlo puede implicar, al menos, encubrimiento del crimen y sus derivaciones. ¿Están conscientes de eso los funcionarios aludidos y el perito Meza? ¿Cuándo es que ellos van a decir lo que conocieron al emitir y recibir el informe, no sólo para salvar su responsabilidad sino para que se sepa quienes son los autores intelectuales del crimen?