Francisco Rosales Ramos
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Pocos querrían estar en los zapatos del presidente Moreno. Fue elegido con una escasa mayoría, el proceso electoral fue duramente cuestionado por la falta de independencia del CNE y al poco tiempo de su posesión, el 24 de mayo, una parte de su propio movimiento, Alianza País, se convirtió en el principal opositor, bajo la batuta del ex presidente Correa. Simultáneamente enfrenta una crisis económica de gran magnitud derivada del manejo irresponsable de los últimos 10 años, que infló desmesuradamente el gasto público halagado por los altos precios del crudo y cuando éstos se cayeron, recurrió al endeudamiento masivo en condiciones claramente inconvenientes. Aún más irresponsable. Bonos soberanos colocados dentro y fuera del país, operaciones con prenda del oro físico, fondos del Banco Central, del IESS y cuanta otra fuente encontró en su desesperación, fue utilizada para cubrir el gigantesco déficit que produjo la reducción del precio del crudo y el absurdo e insostenible crecimiento del gasto público.
En ese entorno, el presidente Moreno -que mantiene un inédito rifirrafe con el expresidente Correa- ha convocado a una consulta popular, actualmente en trámite en la Corte Constitucional, en busca del apoyo popular para dejar sin efecto la ilegítima enmienda de la reelección indefinida y así poner fuera de juego a su antecesor, y para robustecer su situación política. Y como si lo anterior fuese poco, hay que agregar la complejísima situación derivada del enjuiciamiento penal y prisión preventiva del vicepresidente Glas, acusado de asociación ilícita y ser el eventual beneficiario de cuantiosos pagos hechos por la empresa brasilera Odebrecht.
Es comprensible que el gobierno postergue la adopción de un plan económico consistente, indispensable para superar la situación actual. Y más bien haya optado por aumentar en veloz carrera el endeudamiento en USD 5637 millones en 5 meses en funciones. Solamente en el último mes el nuevo endeudamiento suma USD 4 240 millones, que incluyen 2 500 millones de bonos soberanos, 640 millones del Fondo Latinoamericano de Reservas, 500 millones con Goldman Sachs, 400 millones en crédito del Banco Central a Banecuador (antiguo Banco de Fomento) y 200 millones del Banco de Pagos Internacionales.
Más allá de las consideraciones políticas que explicarían este comportamiento, se espera que, superada exitosamente la consulta, el presidente Moreno reestructure su equipo económico y enderece la economía por senderos que aseguren el crecimiento ordenado y de largo plazo, que el sector público recupere un tamaño compatible con la realidad del Ecuador, se castigue con dureza los innumerables y escandalosos casos de corrupción y se apliquen programas sociales que, dejando de lado el populismo, corrijan las situaciones de marginalidad y pobreza extrema.