La democracia, al parecer, no tiene rival. Prácticamente todos los presidentes de América Latina se jactan de ser democráticos. El criterio generalizado para demostrarlo es el triunfo mayoritario en las urnas. No obstante, pese a que las elecciones son un elemento fundamental de la democracia, su mera realización no garantiza nada.
Para Mainwaring, Brinks y Pérez-Liñán (2001), cientistas políticos de reconocido prestigio en la región, un régimen puede ser considerado como democrático cuando cumple con al menos cuatro condiciones: primero, promueve elecciones competitivas; segundo, permite una amplia participación de los ciudadanos en la toma de decisiones; tercero, protege los derechos y libertades civiles y políticos; cuarto, garantiza que las autoridades elegidas sean las que gobiernan.
Aunque estas condiciones pueden ser consideradas como de fácil aplicación, hay ciertos países donde la primera no se cumple y el resto se hace de manera parcial.
Cuando los autores mencionados hablan de elecciones, no lo hacen de manera general sino que hacen énfasis en que estas tienen que ser competitivas. Que exista igualdad de condiciones y no que una determinada organización política tenga más ventajas que el resto.
Lo que acabo de mencionar explica claramente lo que ha sucedido recientemente en Venezuela y da la impresión que puede darse en el 2013 en Ecuador. Es decir, el triunfo de Hugo Chávez se debe en gran medida al control del CNE, a la utilización de recursos públicos de manera clientelar, a la recurrencia de campañas millonarias, al debilitamiento de la oposición, a la persecución constante a la prensa y al acomodo de la legislación electoral.
En el caso del Ecuador preocupa que hasta el momento no se cumplan los requisitos mínimos de equilibro, imparcialidad y competencia justa. Las normas aprobadas favorecen al oficialismo. El Gobierno Nacional gasta millonarias cifras en ‘spots’ publicitarios sin que las autoridades electorales digan absolutamente nada. Entre enero y septiembre de este año se gastaron cerca de 1,8 millones de dólares en la campaña ‘Yo acuso al Presidente’. Mientras tanto, llama la atención que en estos días se hayan anunciado posibles sanciones a los candidatos presidenciales Guillermo Lasso y Álvaro Noboa por hacer “campaña anticipada”.
Aunque las autoridades electorales cumplan con lo estipulado en la Constitución y la ley para la organización de los comicios, me preocupa que, como en Venezuela, sean aparentemente libres pero claramente injustas y no competitivas. Por esta razón, hay que ser más estrictos y críticos: no toda elección es sinónimo de democracia.