Esmeraldas se cierra a medio día para evitar un tiroteo entre bandas criminales (según un jefe policial, una de ellas tiene 1 500 miembros en la cárcel y 4 000 en los barrios); La Floresta de Quito experimenta asaltos a toda hora y sus negocios acosados por delincuentes que piden vacunas; estudiantes de colegios y universidades robados sus celulares; sicarios matan en calles de Guayaquil y Manta. Aparato estatal infiltrado por las mafias.
Por el pésimo manejo de las élites el país está en descomposición. Estamos aterrorizados e inmovilizados. ¿Hay salidas? Sí, pero no son aquellas delirantes que quieren entregar armas a la gente para que escale la violencia a niveles brutales como en EEUU.
¿Qué hacer? Educación y empleo, para que todos esos adolescentes y jóvenes den nuevamente sentido a su vida y no caigan en las garras del narcotráfico y de las bandas criminales.
Los indicadores confirman el drama. Según un informe del 2022 de la Comisión Interamericana de DDHH, tomando datos del “Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), al 29 de noviembre de 2021 había un total de 36 599 personas privadas de libertad”. De estos, el 93,46% eran hombres, de ellos el 44,24% eran jóvenes de entre 18 y 30 años, el 71% con solo educación básica.
A junio del 2022, más de medio millón de jóvenes, el 18,5%, de entre 15 y 24 años no estudia ni trabaja. Según Enemdu, a diciembre 2021, unos 251.228 niños entre 5 y 17 años estaban fuera de la escuela. De estos, según UNICEF, el 55%, adolescentes de entre 15 a 17 años, no esta interesado en estudiar.
Allí está clarísimo el problema. También la solución. No más cárceles, sino más y mejores escuelas. Fortalecer la educación pública. Crear empleo digno. Reformar integralmente y fortalecer el estado: un aparato estatal ágil, descentralizado, redistribuidor y garante de los derechos. Retejer la sociedad con ciudadanos y ciudadanas responsables y comprometidos.