La profunda crisis económica y política de Venezuela tiene en el rostro humanitario su lado más amargo e incierto.
El Presidente del Perú hizo un anuncio. Desde el 15 de junio los venezolanos deberán tener visa y papeles en toda regla para entrar al Perú. En el país del sur viven 800 000 venezolanos.
Esta medida anunciada puede acarrear que varios ciudadanos de ese país se queden en las provincias del sur del Ecuador por tiempo incierto.
Ecuador ha recibido a más de un millón de venezolanos. Muchos han ido de paso a Perú, Chile y Argentina. Algo más de 300 000 están en el país.
Cuando el Gobierno anunció que se pediría el pasado judicial, el Defensor del Pueblo interpuso un recurso. La situación está en estudio de la Corte Constitucional. Ya se sabe que el organismo se toma su tiempo.
La Constitución que está en vigencia proclamó la ciudadanía universal y la libre movilidad. El Canciller acudió a la Corte Constitucional para presentar la postura oficial sobre tan delicado asunto.
Esta semana, el Ecuador recibió la visita de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). Ella mostró preocupación.
El Ecuador acoge humanitariamente a 63 000 colombianos. Ellos llegaron como víctimas de la violencia interna del vecino país.
El Presidente anunció el estudio de la situación y el Vicepresidente corroboró el interés humanitario.
El mantenimiento del estatus de refugiados tiene sus complejidades y un alto costo económico. USD 90 millones emplea el Estado ecuatoriano anualmente en la materia.
En varias ocasiones el país ha hecho caer en cuenta a la comunidad internacional que este es un problema compartido, que nos compete a todos y que se requiere cooperación internacional en varios frentes.
Luego de Colombia y Perú, Ecuador es el país con mayor número de venezolanos instalados. Pocos tienen trabajo, muchos sufren explotación laboral o se han volcado a la mendicidad, cuando no han sido víctimas de la trata de personas en sus más sórdidas manifestaciones.