La violencia criminal volvió a mostrar su cara más siniestra en dos sucesos sangrientos en Guayaquil y en Quito. Seis muertes violentas.
En el caso de la Penitenciaría de Guayaquil, la balacera dejó un nuevo reguero de sangre, poco tiempo después del más brutal enfrentamiento entre bandas criminales, cuya violencia y sevicia, por lo visto, no han cesado y se replican en las calles.
Cinco reos murieron y 12 quedaron heridos. En las afueras de la Penitenciaría, los familiares de los detenidos pedían información y los militares hacían un cerco de seguridad mientras entraban y salían las ambulancias y las camionetas de medicina legal, señal inequívoca de hechos que produjeron muertes.
Los datos periodísticos aludían a nuevos enfrentamientos entre dos bandas identificadas como Los Choneros y Los Lobos. Nadie desconoce que detrás de esa disputa territorial de bandas criminales con conexiones en las cárceles del país y con operación activa y violenta en varias ciudades ecuatorianas, estaría como telón de fondo la ‘guerra’ entre carteles como los de Sinaloa y el llamado Jalisco Nueva Generación.
Más temprano, en Quito, una balacera cobraba la vida de un abogado identificado con la defensa de casos complicados como la liberación del cabecilla del grupo chonero, alias ‘Rasquiña’, abatido a tiros en un centro comercial de Manta un tiempo después de salir de la cárcel.
Una severa investigación sobre ambos asesinatos deben llevar adelante la Policía y la Fiscalía; además se deberá determinar si existe vinculación alguna entre uno y otro crimen o si, por el contrario, son acciones aisladas una de otra.
Las muertes violentas y crímenes al estilo sicariato se han intensificado en el primer cuatrimestre de 2021.
Tráfico de drogas, armas, secuestros y muerte, un panorama siniestro en el que el Estado se ha mostrado impotente y sobre el que deberá poner los cinco sentidos el nuevo Gobierno, con la cooperación internacional en investigación y detección de una acción criminal sin fronteras y con hondas ramificaciones locales.