Si bien el delito de la usura está penado por la Ley con condenas de entre 6 meses y 5 años, la amenaza y la extorsión como métodos para cobrar deudas usurarias son un problema que genera gran inseguridad.
Muchos chulqueros establecen intereses de 12% mensual. El agiotismo a esos niveles es un delito, sin embargo la actividad comercial incipiente o informal se nutre de dinero obtenido con los prestamistas informales, cuyo sistema opera en las sombras, aunque la sociedad entera sabe de su existencia.
Para cobrar las deudas muchos de los chulqueros se valen de matones a sueldo. Las personas desesperadas dejan en prenda enseres, autos, tierras e incluso casas. Les hacen firmar letras de cambio por cifras exorbitantes que superan en varias veces la deuda adquirida, o documentos en blanco que luego llenan tornando impagable la deuda y condenan al deudor a cuotas interminables. Y la consecuencia: embargos, amenazas o, como se denunció en varias ocasiones, la muerte de los deudores como escarmiento a la comunidad de vecinos.
Ciertas prácticas de violencia extrema en los sistemas de “cobros” se atribuyen a influencias externas, sin embargo el sistema del chulquero o prestamista usurero informal existe en nuestra sociedad desde hace muchos años. “Esta mujer no conoce a Dios”, decía una persona cuya identidad prefirió proteger este Diario para garantizar la seguridad de quien dio detalles del modus operandi de una chulquera. Ellos no tienen acceso a crédito formal.
Las cifras oficiales se quedan cortas. 321 casos denunciados el 2009. 521, el 2010. Más allá, el drama. La inseguridad expresa una cruda tragedia social. Es el mapa de lo ilegal que la institucionalidad es incapaz de afrontar y que no se cura con propaganda ni reformas políticas efectistas.